La Fiscalía General pidió el martes llevar a juicio a seis presuntos involucrados en el asesinato del candidato presidencial Fernando Villavicencio en agosto del año pasado y argumentó que su muerte se planificó desde una celda de máxima seguridad de una prisión por parte de una organización vinculada con el grupo criminal Los Lobos.
En la audiencia de llamamiento a juicio, que se prolongó durante todo el día, la Fiscalía señaló a Carlos Angulo, alias Invisible, unos de los integrantes de Los Lobos, como presunto responsable de haber ordenado el asesinato del candidato y a Laura Castillo, como supuesta coautora a la que atribuyó la obtención y entrega de los vehículos, armas y dinero para la ejecución del crimen, perpetrado el 9 de agosto, a unos días de las elecciones presidenciales.
A los otros cuatro los acusó de cómplices, aunque no se identificó al autor intelectual del magnicidio.
El crimen se produjo hace ocho meses cuando Villavicencio, reconocido por sus denuncias contra la corrupción y de los vínculos entre la política y el crimen organizado, salía de un mitin en el norte de la capital y fue atacado con armas de grueso calibre en la calle al subirse a su vehículo.
Un mes más tarde siete de los detenidos fueron asesinados en el interior de cárceles de Guayaquil y Quito, donde se encontraban en prisión preventiva.
Según el planteamiento de la Fiscalía, el responsable de ordenar el crimen coordinó el asesinato por teléfono celular desde su celda, en la que tenía internet de alta velocidad y otros lujos, con el gatillero que acabó con la vida de Villavicencio.
Una jueza debe decidir el miércoles si acoge el pedido de la fiscalía y llama a juicio a los cinco ecuatorianos y a un colombiano vinculados a este caso. Ésta es la tercera audiencia, las dos primeras no se cumplieron debido a que algunos acusados cambiaron de abogados o presentaron recursos a última hora.
El complejo judicial donde se realizó la audiencia, desde primeras horas de la mañana contó con un fuerte contingente policial externo, mientras que en el interior de la sala, antes de la audiencia, agentes especializados realizaron un barrido buscando explosivos o alguna otra amenaza.
Villavicencio, de 59 años, era uno de los ocho postulantes registrados para la pugna presidencial de agosto pero no estaba entre los favoritos, con un escaso 10% de las preferencias.
No obstante, el también exasambleísta era una figura reconocida por haber denunciado en el pasado diversos casos de presunta corrupción gubernamental que llevaron a prisión a ministros y otros altos funcionarios, especialmente del gobierno del expresidente Rafael Correa )1007-2017).
Antes de su muerte, había denunciado amenazas del crimen organizado.
