La coordinadora de Litigación del Pepca dijo que solicitaron la revocación de la sentencia absolutoria por considerarla errónea en cuanto a la valoración de las pruebas.
Justicia12 de enero de 2024 ventana
El Ministerio Público solicitó este jueves al pleno de la Segunda Sala Penal de la Corte de Apelación del Distrito Nacional que sea revocada la sentencia absolutoria que fue dictada a favor de Luis Maisichel Dicent, exdirector de la Lotería Nacional y principal acusado en el proceso judicial por corrupción administrativa de la Operación 13.
La coordinadora de Litigación de la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca), procuradora de corte Mirna Ortiz, dijo que solicitaron la revocación de la sentencia absolutoria por considerarla errónea en cuanto a la valoración de las pruebas.
“El Ministerio Público presentó en el día de hoy su recurso, hemos solicitado la revocación parcial de la sentencia y que se imponga condena a Luis Maisichel Dicent, así como a Edison Perdomo, dos personas que resultaron absueltas en el tribunal, por entender el Ministerio Público que la sentencia fue errónea en cuanto a la valoración de las pruebas”, enfatizó Ortiz.
La representante de la Pepca agregó: “hemos solicitado la imposición de 12 años para Luis Maisichel Dicent, 8 años para Edison Perdomo, y que se respeten los términos del acuerdo a los que arribó el Ministerio Público con los acusados que han colaborado desde el primer momento en este proceso”.
El pleno del tribunal, compuesto por los magistrados Rosalba Garib, Teófilo Andújar y Delio Germán, conocieron el recurso de apelación interpuesto por el órgano acusador.
El tribunal recesó la audiencia para el próximo miércoles 17 de enero, a las 2:00 de la tarde.
En la audiencia el órgano acusador estuvo representado por el procurador adjunto y titular de la Pepca, Wilson Camacho; la procuradora de corte Mirna Ortiz, así como los procuradores fiscales Andrés Mena, Yudelka Holguín, Miguel Crucey, Andrés Mena y Alexis Piña.
El grupo fue enjuiciado por perpetrar el fraude mediante el sorteo de quinielas fraudulento, celebrado el 1 de mayo de 2021, en perjuicio de la Lotería Nacional y las bancas de apuestas, con un monto que asciende a más de 500 millones de pesos.
El Ministerio Público apeló el descargo que se dio en primer grado sobre Luis Maisichel Dicent. Asimismo, persigue corregir esa valoración errónea de la prueba y por ende que se anule la decisión del Segundo Tribunal Colegiado del Distrito Nacional, ya que asegura, las pruebas presentadas por el Ministerio Público demuestran la culpabilidad de cada uno de los acusados en este caso.
En primer grado fueron condenados William Lisandro Rosario a siete años de prisión, y Eladio Batista a seis años, ambos deberán cumplirla en el Centro de Corrección y Rehabilitación Najayo Hombres, de San Cristóbal.
En tanto que Valentina Rosario, Jonathan Brea, Carlos Beriguete y Felipe Santiago Toribio, quienes admitieron los hechos, fueron condenados a cinco años de reclusión cada uno, tres en los CCR Najayo Mujeres y Najayo Hombres, en San Cristóbal, y dos suspendidos.
Miguel Mejía y Rafael Mesa fueron sentenciados a cinco años en la modalidad de pena suspendida.
Mientras que fueron absueltos y se dispuso el cese de la medida de coerción respecto al exadministrador de la Lotería Nacional, Luis Maisichel Dicent, y Edison Peralta, luego de que el tribunal acogiera de manera parcial la solicitud del Ministerio Público, decisión que está siendo apelada por el órgano persecutor del delito.
El tribunal dictó la sentencia condenatoria por violación a varios artículos del Código Penal Dominicano, que sancionan la asociación de malhechores, coalición de funcionarios y prevaricación y la violación a la Ley 155-17 sobre Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo.
Las medidas adoptadas por el Consejo Superior del Ministerio Público también incluyen una mejoría salarial del 20% para el personal administrativo del Ministerio Público y de la DGSPC, con efectividad a partir de julio de 2025.
En dicha acción figuraban como partes demandadas el Ayuntamiento del Distrito Nacional y su Concejo de Regidores; la Junta Central Electoral (JCE); el Partido Revolucionario Moderno (PRM) y el ciudadano Wilkin Gillermo Martínez Presinal.
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