Frank Strada, el comisionado del Departamento de Correccionales de Tennessee, renunció al cargo este sábado 3 de octubre, tres días después de que el estado no lograra ejecutar a Christa Pike con dos dosis del fármaco letal pentobarbital. El gobernador republicano Bill Lee anunció la salida y aclaró que Strada dejará la función este mes.
En su comunicado, Strada sostuvo que apartarse del cargo “es lo mejor para los intereses” de los habitantes de Tennessee mientras avanza la revisión independiente ordenada por Lee para determinar qué falló en la cámara de ejecución. “Creo que esta revisión es totalmente apropiada y necesaria. Espero hacer todo lo posible para ayudar a determinar exactamente lo que ocurrió”, afirmó.
La renuncia llega en un contexto de presión creciente. Abogados defensores y organizaciones especializadas en pena de muerte señalaron que el caso de Pike fue el quinto procedimiento letal fallido bajo la supervisión de Strada desde 2022, en dos estados distintos. Fue, además, la primera vez en la historia moderna de Estados Unidos que una persona condenada sobrevivió a la administración de los fármacos dentro de una cámara de ejecución.
Pike, de 50 años, recibió las dos inyecciones el miércoles 30 de septiembre en la prisión de máxima seguridad Riverbend, en Nashville, pero no murió. Los testigos presentes la escucharon toser y forcejear cerca de una hora después de la primera dosis. Al término del procedimiento, fue trasladada en ambulancia a un hospital, donde permanece inconsciente y con respiración asistida, según informaron sus abogados en una presentación judicial.
Strada llegó a Tennessee con tres ejecuciones fallidas en Arizona en su historial
Para entender por qué Strada concentró las críticas, hay que remontarse a su gestión anterior. Entre 2020 y 2022, como subdirector de correccionales de Arizona, fue responsable de armar y supervisar los equipos de ejecución y de obtener los fármacos letales, según declaró él mismo en una deposición judicial.
En mayo de 2022, el equipo a cargo de la ejecución de Clarence Dixon tardó cerca de 40 minutos en encontrar una vena apta. Ante la imposibilidad de lograrlo en el brazo, debieron hacerle una incisión en la ingle. En junio del mismo año, Frank Atwood —de 66 años, con una enfermedad degenerativa de columna— tuvo que ayudar personalmente a los funcionarios a localizar su propia vena. En noviembre de 2022, el mismo problema se repitió con Murray Hooper, y también recurrieron a un catéter en la ingle.
El Centro de Información sobre la Pena de Muerte (DPIC) —organización sin fines de lucro que estudia el sistema de pena capital— clasificó los tres casos como ejecuciones “fallidas”. El término no es legal, pero el DPIC lo aplica cuando hay problemas inesperados que provocan sufrimiento innecesario. Dale Baich, abogado que representó a presos en Arizona durante esa etapa, lo dijo sin rodeos al diario The Guardian: “Si tu trabajo es acceder a venas, deberías poder hacerlo. Para mí, eso indicó que el departamento no seleccionó bien a los integrantes del equipo”.
Pese a ese historial, Lee lo nombró al frente de las prisiones de Tennessee en 2023
Cuando Lee designó a Strada como comisionado, Tennessee ya tenía sus propios problemas documentados. Un informe independiente encargado por el propio gobierno estatal en 2022 detectó fallas en la aplicación del protocolo, pruebas insuficientes de los fármacos y lo que el documento llamó un enfoque de “visión de túnel orientado al resultado”. Ninguna de las recomendaciones de ese informe se implementó bajo la gestión de Strada, según los abogados defensores.
Bajo su conducción, Tennessee también eliminó un requisito de entrenamiento que existía antes de su llegada: los integrantes del equipo de ejecución practicaban la inserción de catéteres con solución salina. Las nuevas directrices de Strada suprimieron esa práctica.
Kit Thomas, abogada de condenados en el corredor de la muerte, aportó los documentos que lo prueban y declaró a The Guardian: “Redujo los requisitos de entrenamiento y hemos visto resultados desastrosos.” Arizona, en contraste, amplió su equipo de inyección y reforzó el entrenamiento después de que Strada se fue —medidas que él no replicó en Tennessee.
A finales de 2024, Strada anunció un cambio en el protocolo de inyección letal de Tennessee: el estado usaría únicamente pentobarbital, según informó la agencia AP.
En mayo de 2026, Tennessee suspendió otra ejecución por no encontrar una vena
El caso de Pike no fue el primero bajo la gestión de Strada en Tennessee. En mayo de 2026, el estado debió cancelar la ejecución de Tony Carruthers —condenado por el secuestro y asesinato de tres personas en 1994— porque el equipo no logró localizar una vena apta tras más de una hora de intentos. El gobernador Lee le otorgó un aplazamiento de un año.
En una deposición ante abogados en noviembre de 2025, Strada definió una ejecución exitosa como aquella en que “el condenado es puesto a muerte”. Cuando le preguntaron si había algo más a considerar, respondió: “No.” Thomas señaló que esa respuesta refleja “ningún interés por la experiencia del individuo más allá de que acabe muerto”.
En esa misma instancia, Strada reconoció que tampoco contrató a un especialista en farmacología ni a un asesor para la obtención de los fármacos, como el informe de 2022 recomendaba.
El fármaco habría entrado al tejido y no al torrente sanguíneo de Pike
Los abogados de Pike presentaron una moción de emergencia para preservar toda la evidencia del procedimiento. El equipo de ejecución usó al menos siete agujas en los intentos de establecer las vías intravenosas, según la BBC.
