Participación Ciudadana, expresó su firme apoyo al trabajo que, realizando la Procuraduría General de la República en la lucha contra la corrupción administrativa, siendo el último caso desmantelado en la operación Calamar.

Sostiene que el caso donde fueron detenidos varios ex funcionarios del gobierno de Danilo Medina es el resultado de una investigación de más de un año y medio.

Manifestó que en la pesquisa se han recogido pruebas de un desfalco al Estado documentado por cerca de 20 mil millones de pesos, siendo el más grande que se haya conocido en el país.

Destacó además que este es el caso de presunto acto de corrupción, con la mayor operación de lavado de activos cometida en el menor tiempo, hasta el momento, en detrimento del patrimonio del Estado dominicano.

Exhortó al Ministerio Público en cumplimiento de la función que le asigna la Constitución de la República de investigar, perseguir y someter a la justicia a toda persona que haya cometido algún delito, incluyendo por actos de corrupción.

Señaló que en el denominado caso Calamar que en estos días se comienza a ventilar, harán lo mismo que en los anteriores, estudiarán el expediente y darán todo el respaldo que se merecen los cientos de fiscales, técnicos y personal de la Procuraduría

Iguales respaldos expresaron a la Contraloría General que, que a su juicio con un enorme esfuerzo, inteligencia y coraje logran desvelar amplias redes de corrupción que han azotado al país por décadas.

Manifestó que al igual que en los casos anteriores, Participación Ciudadana solo solicita el apego al debido proceso. “Nuestras expectativas se dirigen a la correcta actuación del sistema judicial y de todos sus actores, incluyendo el Ministerio Público y jueces, para que cumplan con su sagrado deber de hacer justicia sin importar banderías políticas”.

Llamó a los fiscales y jueces a no aceptar chantajes o presiones espurias, amparadas en el poder o el dinero que algunos grupos y personas han acumulado sustrayendo los recursos de este pueblo.

Rechazaron cualquier acción de alterar el orden público y crear situaciones peligrosas y vergonzosas como las ocurridas este 20 de marzo en las escalinatas del Palacio de Justicia del Distrito Nacional, que atentan contra la seguridad que debe rodear a cualquier proceso judicial.

También hizo un llamado al Partido de la Liberación Dominicana a que encamine sus inconformidades por la vía legal. 

Indicó que quienes están sometidos a la justicia tienen todas las herramientas que las sociedades democráticas garantizan para su defensa.

Explicó que incluso sus partidarios tienen el derecho de protestar y aclarar los hechos, pero jamás con turbas que intenten vulnerar la seguridad de la ciudadanía, de los detenidos y de sus custodios y crear situaciones que alteren el orden y la gobernabilidad que ha construido este país con mucho esfuerzo.

Llamó igualmente a todos los sectores, instituciones y personas que comparten este anhelo a que se mantengan unidos, firmes, dando seguimiento a los procesos en curso, respaldando a quienes están haciendo un buen trabajo y rechazando todo lo que pueda vulnerar el Estado de derecho y las aspiraciones de una patria democrática, libre de corrupción e impunidad.