“Estamos seguros de que el pedimento del Ministerio Público, por reposar en derecho y en pruebas, será acogido por el tribunal”, dijo este jueves la procuradora de corte Mirna Ortiz, tras concluir el juicio por corrupción administrativa seguido contra los acusados de la Operación 13.

El Ministerio Público solicitó la imposición de penas de 12, 10, 8 y 5 años prisión contra todos los acusados, luego de presentar sus conclusiones el pasado lunes ante el Segundo Tribunal Colegiado del Distrito Nacional, integrado por las juezas Claribel Nivar (presidenta), Yissel Soto y Katherine Rubio, quienes fijaron el fallo de este proceso judicial para el próximo 6 de marzo, a partir de las 11:00 de la mañana.

Al responder preguntas de la prensa que cubre la fuente judicial sobre alegatos de las defensas, la coordinadora de Litigación de la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca), expresó: “el que no tiene argumentos en derecho generalmente suele aludir aspectos personales, pero nosotros estamos preparados para todo eso. La experiencia nos ha enseñado a esperar, a ser pacientes, porque al final las pruebas son las que hablarán y el caso está construido en base pruebas”.

“Esas pruebas las va a examinar el tribunal e indefectiblemente se pronunciarán las condenas contra todos los acusados”, enfatizó.

Ortiz, quien se mostró confiada en que será acogido el pedimento del Ministerio Público, representó al órgano persecutor en la audiencia junto a los fiscales litigantes Andrés Mena, Yudelka Holguín Liz, Alexis Piña y Miguel Crucey.

Con relación a los seis acusados que arribaron a acuerdos con el Ministerio Público, explicó que solicitaron la suspensión de la pena.

“Ellos quedarán condenados, quedarán sujetos al cumplimiento de una regla y de la supervisión del juez de Ejecución de la Pena, ese es el pedimento que ha hecho el Ministerio Público con relación a los acuerdos”, detalló.

El Ministerio Público solicitó el pasado lunes que sea condenado a 12 años de prisión el exadministrador de la Lotería Nacional, Luis Maisichell Dicent.

También, pidió que sea condenado a 10 años William Rosario Ortiz y a 8 años Eladio Batista y Edison Manuel Perdomo Peralta.

Mientras que cinco años de prisión suspendida, bajo reglas, pidió para los acusados Valentina Rosario Cruz, Jonathan Brea, Carlos Berigüete, Felipe Santiago Toribio, Miguel Mejía y Rafael Mesa, éstos últimos seis quienes realizaron acuerdos con el Ministerio Público.

El órgano acusador también solicitó al tribunal ordenar el decomiso de los bienes ocupados en el proceso.

Para los seis acusados que arribaron a acuerdos con el Ministerio Público se solicitó la suspensión de la pena bajo una modalidad especial de reglas por su colaboración, confesión y aceptación de los hechos.

Los acusados de Operación 13 son enjuiciados por perpetrar el fraude mediante el sorteo de quinielas fraudulento, celebrado el 1 de mayo de 2021, en perjuicio de la Lotería Nacional y las bancas de apuestas, con un monto que asciende a más de 500 millones de pesos.

En el sorteo se mostró como ganador el bolo número 13.

En el juicio el Ministerio Público aportó más de 200 elementos probatorios, incluyendo pruebas materiales, documentales y periciales, y 26 pruebas testimoniales, que vinculan a los acusados en este proceso.

Igualmente, las declaraciones de culpabilidad de los seis acusados que arribaron a acuerdos con el Ministerio Público, quienes manifestaron, no solamente que ellos participaron en el proceso, sino que los hechos ocurrieron como el Ministerio Público lo describe en la acusación.

Las juezas Claribel Nivar (presidenta), Yissel Soto y Katherine Rubio se retiraron a deliberar para determinar si condenan o no a los acusados.