El Ministerio Público concluyó este viernes la lectura de la acusación en el juicio que se conoce en el Cuarto Tribunal Colegiado del Distrito Nacional contra María Isabel de los Milagros Torres Castellanos, implicada en la red de corrupción administrativa que fue desmantelada con la Operación Antipulpo.
La procuradora de corte Mirna Ortiz, coordinadora de Litigación de la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca), destacó el avance del juicio, al indicar que terminaron con la lectura del expediente.
“Leímos la acusación, ya el lunes vamos a la producción de las pruebas”, indicó Ortiz respecto al proceso contra Torres Castellanos, quien el pasado año, debido a razones de salud, fue declarada inimputable, por lo que es enjuiciada en un proceso especial.
Torres Castellanos fue enviada a juicio el pasado año por decisión del juez Deiby Timoteo Peguero, del Séptimo Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional al establecer el Ministerio Público su vinculación con la empresa Editorama, S.A., vinculada al entramado de corrupción.
Junto a Ortiz, representaron al Ministerio Público los fiscales Elizabeth Paredes y Ernesto Guzmán.
A través de un comunicado de prensa del Ministerio Público, la procuradora de corte explicó que las audiencias fueron fijadas para cada lunes y viernes, a partir de las 9:00 de la mañana.
Los jueces Keila Santana, Arisleyda Méndez y Elías Santini, del Cuarto Tribunal Colegiado del Distrito Nacional, conocen el expediente acusatorio del Ministerio Público.
El pasado 7 de febrero el juez Deiby Timoteo Peguero también envió a juicio a Juan Alexis Medina Sánchez y a los demás acusados de la Operación Antipulpo.
En el transcurso del proceso los imputados Francisco Pagán, exdirector de la Oficina Supervisora de Obras del Estado; Julián Esteban Suriel Suazo, Lewin Ariel Castillo y Domingo Antonio Santiago realizaron acuerdos con el Ministerio Público, los cuales fueron acogidos como buenos y válidos por el magistrado Peguero, siendo estos condenados, además de que producto de los acuerdos el Estado recuperará más de 200 millones de pesos en bienes.
De Juan Alexis Medina Sánchez, el expediente establece que creó un entramado societario y, utilizando tráfico de influencias, al ser hermano del expresidente de la República Danilo Medina Sánchez (periodos constitucionales 2012-2016, 2016-2020), realizó un conjunto de maniobras fraudulentas, en asociación con funcionarios.
Especifica que se hizo adjudicar a su nombre, así como a terceros, obras, bienes y servicios del Estado, operando como criminalidad organizada.
Los tipos penales en que incurrieron los procesados incluyen la asociación de malhechores, estafa contra el Estado, desfalco, complicidad para desfalco, soborno activo y pasivo y uso de documentos falsos, así como financiamiento ilícito de campañas políticas, tráfico de influencia y lavado de activos.
También, coalición de funcionarios, concusión, tráfico de influencia y falsedad en escritura pública, así como falseamiento y omisión en la declaración jurada, enriquecimiento ilícito, prevaricación, uso de prestanombres y testaferrato.
