Condenan a 60 años de prisión a exalcalde de Iguala por asesinato de seis personas en caso Ayotzinapa

La sentencia, fechada el 10 de noviembre y a la que tuvo acceso la agencia The Associated Press, constituye la primera condena por los asesinatos ocurridos en Iguala, estado de Guerrero, durante los hechos en los que desaparecieron 43 estudiantes.
El juez consideró a Abarca como incitador de los homicidios de tres estudiantes: Julio César Mondragón, Daniel Solís y Julio César Ramírez, así como de otros tres civiles que fueron atacados durante la jornada violenta.
Las otras víctimas fueron Víctor Manuel Lugo Ortiz, conductor de un autobús que transportaba a un equipo de fútbol; David José García Evangelista, uno de los jugadores, y Blanca Montiel, quien murió alcanzada por balas perdidas mientras viajaba en un taxi.
Además del exalcalde, otras 25 personas fueron condenadas por los asesinatos. Los 26 procesados también fueron hallados culpables de tentativa de homicidio contra otras 61 personas, entre ellas estudiantes sobrevivientes y miembros del equipo de fútbol que quedaron atrapados en medio de los ataques.
Los hechos ocurrieron el 26 de septiembre de 2014, cuando los estudiantes fueron agredidos en distintos puntos de Iguala por fuerzas de seguridad locales, estatales y federales que, según las investigaciones, actuaron en complicidad con integrantes del crimen organizado.
En 2022, el Gobierno mexicano calificó lo ocurrido como un “crimen de Estado”.
Ataque y desaparición de los estudiantes
Los estudiantes de Ayotzinapa habían tomado varios autobuses para trasladarse a una protesta, una práctica habitual de esa escuela de formación de maestros rurales.
Aunque el móvil definitivo de los ataques todavía no ha sido esclarecido, las investigaciones apuntan a que uno de los autobuses pudo haber sido utilizado por un cartel local para transportar heroína hacia Estados Unidos, en complicidad con autoridades.
Abarca había sido considerado uno de los principales responsables de los hechos, pero nunca fue acusado de desaparición forzada y fue exonerado de los delitos de secuestro y delincuencia organizada.
Antes de esta condena, el exalcalde había recibido otra sentencia por delitos cometidos con anterioridad al caso Ayotzinapa.
Para los familiares de Julio César Mondragón, la decisión judicial representa un avance hacia la justicia, aunque consideran que resulta incompleta porque no contempla la tortura que habría sufrido el estudiante.
En 2016, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos determinó que el cuerpo de Mondragón presentaba 64 fracturas en 40 huesos del cráneo, la cara, el tórax y la columna vertebral.
Un caso que continúa sin esclarecerse
La investigación de la desaparición de los 43 estudiantes ha estado marcada por irregularidades, divisiones entre distintos tribunales y cuestionamientos a las actuaciones de las autoridades.
En 2018, la propia justicia mexicana determinó que el proceso debía realizarse nuevamente debido a las fallas detectadas en las pesquisas.
Entre los detenidos por el caso figuran militares y el exprocurador general de México, Jesús Murillo Karam, quien enfrenta un proceso penal por desaparición forzada, obstrucción de la justicia y tortura.
Murillo Karam ha sido señalado por investigadores de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos como uno de los responsables de construir una versión de los hechos que se apartaba de lo ocurrido.
Asimismo, en agosto fue arrestado el exgobernador de Guerrero, Ángel Aguirre, acusado de ocultar pruebas relacionadas con el caso.
A 12 años de la desaparición, todavía se desconoce el destino de los 43 estudiantes. Las autoridades sostienen que fueron entregados a un grupo criminal y asesinados, pero hasta ahora solo se han identificado fragmentos óseos correspondientes a tres de ellos.
María Luisa Aguilar, directora del Centro de Derechos Humanos Agustín Pro Juárez, organización que representa a las familias, consideró necesario que las autoridades expliquen a los afectados el alcance que tendrá esta condena en las investigaciones sobre las desapariciones.
La representante de derechos humanos sostuvo que esa explicación podría contribuir a avanzar en la búsqueda de la verdad y esclarecer el paradero de los estudiantes.
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