El exdirector de Migración José Ricardo Taveras Blanco consideró necesario establecer un equilibrio entre el derecho de los agentes policiales a defenderse durante sus actuaciones y la obligación de la Policía Nacional de ofrecer explicaciones detalladas cuando un ciudadano muere en un supuesto intercambio de disparos.
Taveras Blanco sostuvo que tanto la Policía como algunos sectores de la comunicación social incurren en posiciones equivocadas al abordar estos hechos. A su juicio, la institución del orden no debe limitarse a informar que un reconocido delincuente fue ultimado durante un enfrentamiento, mientras que tampoco resulta adecuado estigmatizar automáticamente a los agentes cada vez que se produce un resultado de esa naturaleza.
“Ellos también tienen derecho a la legítima defensa”, afirmó, el jurista al referirse a los miembros de la Policía Nacional que enfrentan situaciones de riesgo durante el cumplimiento de sus funciones.
Sin embargo, consideró insuficiente que la sociedad reciba como única explicación la existencia de un supuesto intercambio de disparos, por lo que reclamó informes pormenorizados que permitan establecer las circunstancias en que se produjo cada muerte.
Entiende que esos informes deberían incluir los antecedentes del fallecido, las posibles imputaciones que pesen en su contra, así como las circunstancias en que habría resistido el arresto y puesto en peligro la vida de los agentes actuantes.
“Admitir que no sea así es abandonar a la discreción policial la determinación de quién vive o muere y, en consecuencia, admitir la pena de muerte sin juicio previo”, advirtió.
El dirigente político señaló que el análisis puede resultar más complejo cuando se trata de personas con antecedentes delictivos ampliamente conocidos, debido a que, en esos casos, las circunstancias pueden parecer evidentes. No obstante, sostuvo que el problema adquiere otra dimensión cuando la actuación policial se produce por error o en circunstancias en las que los agentes terminan siendo confundidos con delincuentes.
Como ejemplo, citó el caso de la pareja de pastores ultimada en las inmediaciones de Villa Altagracia, hecho que generó cuestionamientos sobre la actuación de agentes policiales.
Taveras Blanco manifestó que las críticas contra la Policía Nacional deben tomar en cuenta la naturaleza de la función que desempeñan sus miembros, pero también consideró que la institución debe asumir mayores niveles de transparencia para recuperar la confianza ciudadana.
“La Policía, penosamente desprestigiada, las más de las veces por su propia culpa”, sostuvo, debe procurar documentar adecuadamente todo suceso en el que resulte abatido un ser humano, con el propósito de demostrar la pertinencia del procedimiento empleado.
Afirmó que los enfrentamientos con delincuentes pueden formar parte de la realidad del trabajo policial y que sus resultados pueden ser legítimos, pero insistió en que la legitimidad de esas actuaciones debe quedar sustentada en investigaciones y explicaciones verificables.
El exfuncionario consideró que ese equilibrio debería convertirse en una prioridad de las autoridades y señaló que, de ocupar la posición del presidente Luis Abinader, exigiría al jefe de la Policía Nacional que fortalezca los mecanismos de documentación y explicación de este tipo de procedimientos.
A su juicio, la sociedad debe garantizar que los agentes puedan defenderse cuando sus vidas estén en peligro, pero al mismo tiempo debe impedir que la discreción policial determine, sin controles suficientes, quién vive o muere durante una intervención.
