El Ministerio Público solicitará prisión preventiva contra Santiago Ángeles Willmore, acusado de agredir físicamente a tres integrantes de su familia, entre ellos un niño de siete años con trastorno del espectro autista (TEA), durante un incidente ocurrido en el sector Libertador de Herrera, en Santo Domingo Oeste.
La solicitud de medida de coerción será depositada ante la Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente de Santo Domingo Oeste, informó el órgano persecutor.
De acuerdo con la investigación, a cargo de la fiscal Alexandra Marine, el menor fue trasladado por una unidad del Sistema Nacional de Atención a Emergencias y Seguridad 9-1-1 al Hospital Pediátrico Dr. Robert Reid Cabral, donde recibió atención médica tras sufrir un golpe en la cabeza con un objeto de madera.
El certificado médico establece que el niño presentó un trauma craneal leve y una lesión física reciente en la región frontal, con un período de curación de aproximadamente 20 días.
Durante las diligencias también fueron documentadas lesiones antiguas y cicatrizadas que, según el Ministerio Público, son compatibles con maltrato infantil.
Otras dos familiares habrían sido agredidas
La investigación señala además que otras dos integrantes del núcleo familiar habrían sido víctimas de agresión: la madre del imputado, de 86 años, y una hermana con discapacidad visual.
Una de las víctimas presentó, conforme al certificado médico legal incorporado al expediente, una lesión contusa reciente en la región glútea, con un período de curación de 10 días.
El Ministerio Público indicó que como parte de la investigación fueron incorporadas evaluaciones médicas y psicológicas forenses practicadas a las personas involucradas, así como declaraciones obtenidas durante las diferentes diligencias.
Según consta en la solicitud de medida de coerción, familiares del menor declararon que Willmore habría abandonado el lugar después del incidente y posteriormente fue localizado y detenido por las autoridades.
Procuran garantizar el proceso
El órgano persecutor considera que los hechos atribuidos al imputado revisten especial gravedad debido a que entre las presuntas víctimas se encuentra un niño de siete años, por lo que solicitará la prisión preventiva como medida para garantizar la continuidad del proceso y los fines de la investigación.
De manera provisional, el Ministerio Público ha calificado jurídicamente los hechos como violaciones de los artículos 124, párrafo I, numerales 1, 4 y 5, y 126, numerales 10 y 11, de la Ley 74-25; el artículo 396, literales A y B, de la Ley 136-03, que crea el Código para la Protección y los Derechos Fundamentales de los Niños, Niñas y Adolescentes; la Ley 352-98, sobre Protección de la Persona Envejeciente, y la Ley 5-13, Orgánica sobre Igualdad de Derechos de las Personas con Discapacidad.
La medida de coerción deberá ser conocida por un tribunal, que determinará si procede la prisión preventiva u otra medida conforme a los elementos presentados por las partes.
