Una jueza del Segundo Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional ordenó el envío a juicio del coronel Narciso Antonio Féliz Romero, exencargado de la Intendencia de Armas de la Policía Nacional, y del capitán Nelson Valdez, junto a otros varios acusados, por su presunta vinculación con el robo y la venta ilegal de armas, municiones y explosivos pertenecientes a la institución del orden.
La decisión se produjo a solicitud del Ministerio Público, representado en la audiencia por la titular de la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca), Mirna Ortiz, junto a los fiscales Emmanuel Ramírez, Melbin Romero y Rosa Ysabel.
Además de Féliz Romero y Valdez —este último a cargo del Depósito de Armas, Municiones y Pertrechos de la Policía—, fueron enviados a juicio Víctor Manuel Santos Rodríguez, Juan Luis Díaz Medina, Ángel Rubiel Martínez Bacilio y Morelbin Medina Pérez.
Una condena y una empresa clausurada
En el marco del mismo proceso, Marino Antonio Rodríguez Toribio aceptó parcialmente un acuerdo con el órgano acusador y fue condenado a cinco años de prisión bajo arresto domiciliario. Como parte de la sentencia, el tribunal ordenó el cierre definitivo de la empresa Tactical Accesories RH, S.R.L., de la cual era representante, el pago de una multa equivalente a 10 salarios mínimos del sector público y el decomiso de los bienes que le fueron incautados.
Por su parte, la jueza Patricia Padilla rechazó una solicitud de procedimiento penal abreviado presentada por Miguelina Bello Segura, por lo que el proceso en su contra continuará su curso ordinario.
Medidas de coerción variadas
A cinco de los procesados —Féliz Romero, Valdez, Martínez Bacilio, Díaz Medina y Medina Pérez— el tribunal les sustituyó la prisión preventiva por una garantía económica de 500 mil pesos mediante fianza de una compañía aseguradora, impedimento de salida del país y la obligación de presentarse periódicamente ante el Ministerio Público. A Santos Rodríguez se le mantuvieron las medidas ya impuestas: garantía económica, impedimento de salida y presentación periódica.
Un desfalco de más de 92 millones de pesos
El caso forma parte de la Operación Pandora, ejecutada en noviembre de 2024, que reveló una presunta estructura de corrupción dedicada a sustraer municiones y pertrechos bajo custodia de la Intendencia de Armas durante la gestión de Féliz Romero, para luego comercializarlos de forma ilegal. Según la Pepca, el esquema le habría causado al Estado dominicano un perjuicio superior a los 92 millones 191 mil pesos.
Los imputados enfrentan cargos por coalición de funcionarios, prevaricación, desfalco y asociación de malhechores, en violación al Código Penal dominicano, así como por infracción a la Ley 631-16 sobre Armas y a la Ley 155-17 sobre Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo, esta última por el presunto blanqueo de las ganancias obtenidas con la venta ilícita de los materiales.
