El Séptimo Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional separó del expediente principal de la Operación Lobo a Elías Caamaño Pérez, debido a una licencia médica de 15 días que le impedirá participar en las audiencias del proceso por una presunta red de sobornos para obtener contratos de seguridad privada en instituciones públicas.
La decisión fue adoptada por el juez Deiby Timoteo Peguero, quien acogió una solicitud del Ministerio Público, que informó al tribunal que Caamaño Pérez, excoordinador de Seguridad Patrimonial del Seguro Nacional de Salud (SeNaSa), presentó una certificación médica que lo mantendrá recluido durante 15 días calendario.
El magistrado fijó para el lunes 16 de noviembre de 2026, a las 9:00 de la mañana, la audiencia correspondiente al acusado y ordenó al órgano acusador presentar la acusación en su contra.
La procuradora de corte Mirna Ortiz, titular de la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca), representó al Ministerio Público en la audiencia junto a la procuradora de corte Rosa Pichardo y los fiscales Ernesto Guzmán Alberto, Elizabeth Paredes y Yoneivy González.
Acusación sustentada en 444 elementos de prueba
Durante la audiencia, el equipo de fiscales presentó la acusación y los elementos probatorios contra 14 personas físicas y jurídicas señaladas como integrantes de la red desmantelada mediante la Operación Lobo.
Según el Ministerio Público, el expediente está sustentado en 218 pruebas documentales, 99 testimoniales, 64 actos procesales, 32 peritajes y 31 pruebas materiales.
El tribunal fijó para el viernes 30 de octubre, a las 9:00 de la mañana, la continuación de la audiencia preliminar, en la que se conocerán las defensas de los acusados.
Sobornos por más de RD$108 millones
El Ministerio Público presentó en julio pasado la acusación y solicitó la apertura a juicio contra los integrantes de la presunta estructura, a la que atribuye el pago y la recepción de sobornos por RD$108,080,359.92 para favorecer la contratación y permanencia de servicios de seguridad privada en entidades estatales.
Entre los acusados figuran Quilvio Rodríguez González, representante de la empresa Servicio Nacional de Seguridad Integral (Senase); Bolívar Nicolás Fernández Espinal, exencargado de Seguridad de Edenorte Dominicana; Carlos Ambrosio Robles Díaz, exdirector de Seguridad de Edesur, y Francisco Guarín Fernández Vásquez, exdirector de Seguridad del Instituto Nacional de Atención Integral a la Primera Infancia (Inaipi).
También están incluidos Ramón Quezada Ortiz, miembro del Departamento de Seguridad de Edeeste; Andrés Pacheco Varela, exencargado de Seguridad de Edenorte; Wellington Peralta Santos, exasistente del encargado de Seguridad del Inaipi; Luis Ernesto Vicioso Bocio, exdirector de Seguridad de Edeeste, y Yorbyn Eduardo Eufracio Aybar.
El expediente también incluye a varias empresas señaladas por el órgano acusador: Servicios Senase y El Niño Prodigio, EIRL, vinculadas a Quilvio Bienvenido Rodríguez, así como Magestym Waste & Recycling Company, SA, y Magesty Recycling, SRL, relacionadas con Bolívar Nicolás Fernández Espinal y Miguelina Antonia Rosario Sánchez.
Investigación por contratos públicos
De acuerdo con la acusación, la investigación comenzó a partir de una denuncia remitida por la Dirección General de Ética e Integridad Gubernamental, que alertó sobre una presunta estructura dedicada a manipular contratos y exigir pagos ilícitos a cambio de favorecer a empresas proveedoras de servicios de seguridad privada.
La Pepca, con el apoyo de la Dirección General de Persecución del Ministerio Público, investigó las operaciones atribuidas a la red y sostuvo que los sobornos habrían sido exigidos y recibidos por responsables de seguridad y otros funcionarios de distintas instituciones públicas.
Las pesquisas establecieron, según el órgano acusador, que la empresa Senase habría pagado sobornos durante los períodos 2012-2020 y 2020-2025 para asegurar la continuidad de contratos estatales.
Los pagos presuntamente se realizaron mediante transferencias bancarias y entregas de dinero en efectivo.
El proceso continúa en la etapa preliminar, en la que el tribunal deberá examinar la acusación y las pruebas presentadas antes de decidir si procede enviar a juicio a los acusados.
