Orden de deportar migrantes en Colombia genera incertidumbre entre venezolanos en situación irregular

BOGOTÁ, Colombia. — La orden del presidente colombiano, Abelardo de la Espriella, de iniciar operativos contra inmigrantes en situación irregular y proceder con su deportación ha generado incertidumbre y preocupación entre la población venezolana residente en Colombia, especialmente entre quienes aún no han logrado regularizar su estatus migratorio.

El mandatario anunció el domingo, durante una actividad en Barranquilla, que los operativos se realizarán en coordinación con la Policía y estarán dirigidos, en primer lugar, contra extranjeros involucrados en actividades delictivas y, posteriormente, contra aquellos que permanezcan en el país sin tener regularizada su situación migratoria.

“Que empiecen los operativos coordinados con la Policía de Barranquilla para dar con los inmigrantes ilegales”, expresó el gobernante, al advertir que quienes no cumplan con la normativa migratoria podrían ser deportados.

La medida ha provocado preocupación entre los venezolanos que viven en Colombia. El abogado migratorio venezolano César González aseguró a The Associated Press (AP) que existe una gran cantidad de personas buscando orientación sobre cuáles podrían ser sus opciones ante un eventual endurecimiento de los controles migratorios.

Colombia es el principal país receptor de la diáspora venezolana en la región, con aproximadamente 2.8 millones de migrantes venezolanos, según cifras oficiales. De acuerdo con datos públicos de Migración Colombia, más de 527,000 venezolanos habrían ingresado o permanecido en el país sin cumplir con la normativa migratoria.

Migración Colombia aún no define cómo se aplicarán las medidas

Consultada sobre el alcance de la orden presidencial, Migración Colombia indicó que aún no ha asumido el nuevo director de la institución, quien tendría la responsabilidad de implementar las decisiones del Gobierno relacionadas con operativos de control, procesos de regularización y eventuales deportaciones.

Durante su campaña, De la Espriella había adelantado su intención de aplicar medidas contra los migrantes que no cumplieran con las leyes colombianas.

Sin embargo, especialistas advierten que la situación migratoria de Colombia presenta características particulares debido a los más de 2,200 kilómetros de frontera compartida con Venezuela y la existencia de numerosos pasos fronterizos irregulares.

Ronal Rodríguez, vocero del Observatorio de Venezuela de la Universidad del Rosario, consideró que la deportación masiva enfrenta importantes dificultades logísticas y prácticas.

Según explicó, el Estado colombiano podría invertir importantes recursos en trasladar a una persona hasta la frontera, mientras que esa misma persona tendría la posibilidad de regresar posteriormente al país por alguno de los múltiples pasos irregulares.

Piden abrir nuevas vías de regularización

Organizaciones que trabajan con la población venezolana han solicitado al Gobierno colombiano priorizar mecanismos de regularización.

Ana Karina García, directora de la Fundación Juntos Se Puede, afirmó que buscarán establecer un diálogo con las autoridades para solicitar que se habiliten nuevamente opciones que permitan a los migrantes regularizar su situación y acceder a los beneficios sociales establecidos por el Estado.

García señaló que no se debería perseguir a los migrantes por permanecer en condición irregular si actualmente existen limitaciones para acceder a procesos de regularización.

El debate también incluye la situación de más de 193,000 menores de edad venezolanos que, según expertos, se encuentran en condición migratoria irregular y requieren una protección especial.

Temor a un aumento de la xenofobia

Representantes de la comunidad venezolana también han advertido que el discurso sobre deportaciones podría incrementar los actos de xenofobia contra los migrantes.

Arles Pereda, presidente de la Colonia de Venezolanos en Colombia, expresó su preocupación por el posible impacto que estas declaraciones puedan tener en la percepción de la población migrante.

Por su parte, García manifestó que está de acuerdo con que las autoridades persigan y sancionen la delincuencia, pero consideró que no debe asociarse de manera general la criminalidad con la migración.

La preocupación de los venezolanos aumenta en medio del endurecimiento de las políticas migratorias en varios países de la región, donde muchos temen que las posibilidades de establecerse o regularizar su situación sean cada vez más limitadas.

La situación mantiene en expectativa a miles de venezolanos en Colombia, mientras se espera que el Gobierno defina el alcance y la forma en que se implementarían los anunciados operativos de control migratorio.