Entrevistados por Héctor Herrera Cabral en el programa D'Agenda,
Los reconocidos penalistas Carlos Balcácer y Miguel Valerio manifestaron posiciones encontradas respecto a un posible incremento de la población carcelaria del país como consecuencia de la entrada en vigencia del nuevo Código Penal, que aumenta y acumula las penas, además de incorporar nuevas tipificaciones de crímenes y delitos.
Valerio, aunque admitió que la nueva normativa penaliza conductas que el viejo Código no contemplaba, aclaró que la población que se dedica a delinquir generalmente es muy reducida y que no se puede juzgar a toda una sociedad por quienes incurren en acciones delictivas.
Los juristas fueron entrevistados por Héctor Herrera Cabral en el programa D'Agenda, que se transmite los domingos por Telesistema Canal 11 y por TV Quisqueya para Estados Unidos. Ambos coincidieron en que el nuevo Código es una normativa muy avanzada para la sociedad dominicana.
Valerio destacó como elemento novedoso la incorporación de Principios Generales que recogen garantías ciudadanas plasmadas en la Constitución. "Este Código Penal empieza reconociendo que la Constitución de la República y los Tratados Internacionales tienen mayor jerarquía que el propio Código en cuanto a las garantías ciudadanas", explicó, señalando que en el artículo 2 arranca el desarrollo de los grandes principios del Derecho Penal.
Balcácer, en cambio, se mostró más escéptico y advirtió que el área de la informática será fuente de conflictos, pues prevé reacciones "por las vías de hechos" ante la expansión de la comunicación digital. Explicó que, tras la pandemia, ese ámbito ha evolucionado más que en el último siglo, y que ahora cualquier infracción deberá canalizarse a través del Ministerio Público en lugar de acudir directamente ante un juez, salvo las excepciones previstas en la norma. El penalista insistió en que ve con pesimismo la reacción de la población ante la entrada en vigor del nuevo Código.
Ambos juristas coincidieron, sin embargo, en su falta de confianza hacia la Comisión de Seguimiento y Socialización creada por el presidente Luis Abinader, cuyo objetivo es organizar el proceso de socialización, educación y concienciación sobre el nuevo Código Penal, así como evaluar posibles mejoras derivadas de su aplicación. Balcácer cuestionó la capacidad real de ese organismo para rendir cuentas al Poder Ejecutivo sobre el impacto de la norma si no mantiene vínculos directos con la población infractora.
Balcácer: "Me duele mucho un código que aumente y acumule las penas"
En la misma entrevista, Balcácer confesó que le resulta doloroso que entre en vigencia una normativa que incrementa y acumula las penas sin adaptarse, a su juicio, a la idiosincrasia de la sociedad dominicana. Calificó el Código Penal como "la síntesis de la agonía humana" y recordó una conversación que sostuvo en 1989 con el jurista Eugenio Raúl Zaffaroni sobre la aplicación de penas al ser humano.
El penalista definió la nueva normativa como una "venganza callada y oculta" de una determinada clase enquistada en el poder, y criticó la ampliación del catálogo punitivo. Como ejemplo, señaló que mientras el Código Penal de 1884 sintetizaba el delito de robo en pocos artículos, la nueva norma dedica 18 artículos al robo simple y 22 al robo con agravantes.
Valerio: "Un absurdo jurídico" el cúmulo de penas
Por su parte, Miguel Valerio calificó como un "absurdo jurídico" el sistema de acumulación de penas contemplado en el nuevo Código, que entró en vigencia este lunes. Explicó que, bajo el esquema anterior, la pena mayor absorbía a las menores, mientras que ahora penas de diez, tres y más años pueden sumarse hasta alcanzar los 16 años de prisión.
No obstante, el penalista reconoció aspectos positivos de la reforma, como la incorporación de la figura del Medio Libre, que permitiría a infractores primarios evitar la prisión cuando se trate de delitos menores. Valerio también respaldó la penalización de la difamación extorsiva, un delito que —según explicó— afecta a víctimas obligadas a pagar por su libertad ante la difusión de informaciones falsas con fines de daño reputacional
