La detenida es Ysalia Ramírez Pinales, de 27 años, mientras que la víctima fue identificada como Ángel Gabriel Tifa Moreno, de 21, quien falleció mientras recibía atenciones médicas en un centro de salud
Ortiz Bosch aclara alcance de sus declaraciones sobre investigación en el ITLA
Explicó que, como funcionaria pública, sus declaraciones se ciñen a lo establecido en dicho informe, señalando que corresponde al Ministerio de Administración Pública o a la Procuraduría General emitir un juicio sobre el caso,
Milagros Ortiz Bosch
La directora general de Ética e Integridad Gubernamental (DIGEIG), Milagros Ortiz Bosch, aclaró este lunes el alcance de sus declaraciones sobre la investigación realizada por hechos ocurridos en el Instituto Tecnológico de las Américas (ITLA), precisando que sus comentarios no modifican ni contradicen las conclusiones del informe oficial emitido por la institución.
Ortiz Bosch explicó que, como funcionaria pública, sus declaraciones se ciñen a lo establecido en dicho informe, señalando que corresponde al Ministerio de Administración Pública o a la Procuraduría General emitir un juicio sobre el caso, ya que mientras este no se produzca prevalece la presunción de inocencia. La funcionaria subrayó que "un funcionario público habla por los resultados", y llamó a evitar equivocaciones en el manejo del tema.
Hallazgos del informe
De acuerdo con lo señalado por la funcionaria, el informe de la DIGEIG evaluó de manera integral los hechos investigados en el ITLA, de donde se desprendió la posible comisión de faltas éticas atribuibles no solo a Rafael Feliz García, sino también a Winston Paulino, señalado como responsable principal de la práctica denunciada tras confirmar ante la comisión designada por la DIGEIG haber sido la persona clave en su desarrollo dentro de la institución, con la anuencia de la máxima autoridad. El documento concluyó que estas conductas resultan incompatibles con los deberes de probidad, integridad y respeto a la normativa que rige la función pública.
El informe estableció además que las consideraciones disciplinarias aplicables a Feliz García son sustancialmente coincidentes con las que corresponden a Paulino, en virtud de su participación y responsabilidad funcional en los hechos analizados. Se destacó, sin embargo, que en el caso de Feliz García el presidente Luis Abinader ya había dispuesto su destitución como rector del ITLA mediante el Decreto núm. 39-26, medida que se considera un antecedente relevante dentro del análisis disciplinario.
Según explicó Ortiz Bosch, el informe determinó que existen elementos suficientes para considerar que dichas actuaciones podrían ser objeto de sanción disciplinaria administrativa conforme a la Ley 41-08 sobre Función Pública, sin perjuicio de otras responsabilidades que pudieran derivarse del caso.
Recomendaciones de la DIGEIG
Con base en esas conclusiones, la DIGEIG recomendó remitir el caso al Ministerio de Administración Pública para que inicie el procedimiento disciplinario correspondiente contra Feliz García —ya destituido mediante el decreto antes mencionado— y contra Winston Paulino, actual director de Gabinete del ITLA, señalado como principal impulsor de la práctica investigada, a fin de determinar las responsabilidades administrativas y aplicar las sanciones que correspondan.
Asimismo, el organismo recomendó adoptar medidas preventivas para evitar que este tipo de conductas se repita, fortaleciendo los mecanismos de control interno y el cumplimiento de los principios éticos en la administración pública. La DIGEIG también dispuso remitir la investigación a la Presidencia de la República para fines de conocimiento, y notificar las decisiones a los actores identificados en el proceso.
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