Denuncian gran estancamiento para el conocimiento de las visitas de medidas de coerción por falta de traslados de los imputados.

El Director Nacional de la Oficina Nacional de Defensa Pública, Lic. Rodolfo Valentín Santos, denuncia que hay un grave estancamiento en el conocimiento de las audiencias de medidas de coerción en el nuevo Palacio de Justicia de la avenida Sabana Larga, en Santo Domingo Este, conocido como Ciudad Judicial, debido a la falta de traslado de los imputados.

Valentín Santos explicó que en la Oficina de Atención Permanente de la Ciudad Judicial se están fijando diariamente alrededor de 60 audiencias en cada uno de los tres turnos. Sin embargo, más del 90% de esas audiencias son aplazadas porque los ciudadanos imputados no son llevados a los tribunales el día de la cita.

El Director calificó la situación como "una grosera violación" al plazo constitucional y legal de las 48 horas establecido en el artículo 40 numeral 5 de la Constitución de la República. Ese mandato obliga a que toda persona detenida sea presentada ante la autoridad judicial competente dentro de las 48 horas siguientes a su arresto.

“Tenemos casos de personas que tienen hasta 30 días detenidas sin haber visto a un juez. Esto constituye una violación grave al debido proceso y a la tutela judicial efectiva. No podemos seguir normalizando que un ciudadano pierda su libertad sin control judicial”, afirmó Valentín Santos.

Según detalló, el problema principal radica en que el Centro de Detención de San Luis se encuentra lleno. Por esa razón, el Ministerio Público está enviando a los detenidos a diferentes destacamentos policiales. No obstante, al momento de celebrarse la audiencia, esos ciudadanos no son trasladados a la Ciudad Judicial.

El director señaló que esta falla logística afecta de manera directa a la población más vulnerable, que depende del servicio de la Defensa Pública. Además, recarga la agenda judicial, retrasa todos los procesos y genera un gasto innecesario de recursos para el Estado.

“Cuando no hay guaguas, medios de trasporte, no hay personal o no hay coordinación, quien paga las consecuencias es el ciudadano. Esto no es un problema administrativo menor. Es una violación a derechos fundamentales que debe corregirse de inmediato”, sostuvo el Director de la Defensa Pública.

Finalmente, Valentín Santos hizo un llamado urgente a la Procuraduría General de la República, a la Policía Nacional y a las autoridades correspondientes para que garanticen los recursos necesarios que permitan el traslado oportuno de los imputados. “El respeto a las 48 horas no es negociable. Es un mandato constitucional y debemos cumplirlo para que la justicia sea real”, concluyó.