El exministro Administrativo de la Presidencia, José Ramón Peralta, calificó la decisión del Ministerio Público y de los abogados del Estado de apelar el Auto de No Ha Lugar dictado a su favor como un intento de prolongar una "narrativa de descalificación política" que carece de todo criterio jurídico.
Peralta aseguró que el fallo emitido por el Cuarto Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional demostró la "ausencia total de pruebas" en su contra y dejó en claro que no existe un solo elemento capaz de generar una duda razonable sobre su conducta.
"Un recurso legal no puede cambiar la realidad: tras más de tres años de escrutinio, un tribunal de la República confirmó que la acusación en mi contra carece de sustento real", enfatizó el exfuncionario a través de una declaración pública.
El exministro manifestó que su decisión de acudir a los medios de comunicación no responde únicamente a la defensa de su nombre y el de su familia, sino que lo asume como un acto de responsabilidad ciudadana. Asimismo, reiteró que continuará dando la cara "con la frente en alto y con la convicción de que la verdad terminará imponiéndose por encima de cualquier agenda política".
Peralta recordó que siempre ha mantenido la disposición de debatir en los tribunales bajo las reglas del debido proceso. Sin embargo, advirtió que "cuando la justicia se instrumentaliza para la persecución política, el silencio deja de ser una opción".
Mostrará las evidencias al país
Ante lo que define como el intento de mantener vivo un relato falso y fabricado, el exministro anunció que llevará la verdad ante la opinión pública con absoluta transparencia.
"En los próximos días, mostraré al país los documentos, las contradicciones y las evidencias que demuestran cómo se construyó este expediente", adelantó Peralta, tras reafirmar su creencia en la justicia, el respeto sagrado al debido proceso y el principio constitucional de la presunción de inocencia.
Sin vinculación con irregularidades
El exfuncionario subrayó que, tras años de investigación, ni su gestión al frente del Ministerio Administrativo de la Presidencia ni las actuaciones de esa institución pudieron ser vinculadas a ninguna irregularidad.
"No pudieron ser vinculadas a los hechos que dieron origen a este proceso, sencillamente porque nunca existieron elementos que sustentaran tal acusación", precisó.
Finalmente, lamentó que en la República Dominicana se utilice la justicia como un "arma política", señalando que esta práctica representa una grave distorsión institucional que coincide con lamentables experiencias internacionales. "Cuando los procesos judiciales se apartan de las pruebas y se convierten en vehículos de presión, no solo se afecta a una persona, sino también la confianza en el Estado de derecho", concluyó.
