TENNESSEE-NIÑOS MIGRANTES (AP)
Un juez ordenó temporalmente al Departamento de Salud de Tennessee que no entregue a las autoridades de inmigración información sobre unos 400 niños inmigrantes gravemente enfermos y con discapacidades que están inscritos en un programa de asistencia sanitaria.
La orden de restricción se emitió el miércoles a petición de tres médicos de Nashville que atienden a algunos de esos niños y que presentaron una demanda después de que autoridades estatales enviaran cartas a proveedores y a familias inmigrantes en las que indicaban que una nueva ley les exigía compartir, después de finales de junio, información identificatoria de quienes están en el programa.
La ley formaba parte de un grupo de proyectos que los republicanos de Tennessee presentaron este año para respaldar la ofensiva del presidente Donald Trump contra la inmigración.
Un portavoz de la oficina del fiscal general del estado manifestó el jueves que no tenía comentarios sobre la demanda y que la queja estaba bajo revisión. Los funcionarios estatales no han respondido a la queja en documentos judiciales.
“Esta es una elección imposible para las madres, y pone en riesgo la vida y la dignidad de estos niños”, afirmó Michele Johnson, directora ejecutiva del Tennessee Justice Center, que presentó la demanda en nombre de los médicos.
Johnson también señaló que el centro ha aconsejado a las familias que permanezcan en el programa mientras el asunto esté ante el tribunal. Hay una audiencia programada para el 2 de julio en Nashville.
El programa Children’s Special Services, que se financia parcialmente con fondos federales y existe desde hace décadas, cubre los costos médicos de niños necesitados que tienen afecciones graves como cáncer, parálisis cerebral, trastornos convulsivos y diabetes.
Las cartas enviadas por el estado indicaban a las familias que, según su estatus migratorio, serían reportadas a la división de inmigración del Departamento de Seguridad de Tennessee si continuaban en el programa.
La nueva ley exigía que las agencias gubernamentales verificaran el estatus legal de todos los residentes antes de que puedan obtener beneficios públicos y figuraba entre una serie de proyectos de ley de los últimos años dirigidos a la capacidad de los inmigrantes para trabajar, obtener licencias y acceder a la educación pública gratuita y a otros servicios.
“Vamos a hacer lo que podamos para asegurarnos de que, si estás aquí ilegalmente, tendremos los datos, tendremos la transparencia, y no gastaremos dinero de los contribuyentes en ti a menos que estés en la cárcel”, dijo en enero el presidente de la Cámara de Representantes, Cameron Sexton.
Los médicos que presentaron la demanda, todos los cuales trabajan para las clínicas de Siloam Health que atienden a pacientes sin seguro y con acceso insuficiente a la atención médica, dijeron en declaraciones juradas que algunos de sus pacientes temían no poder obtener atención médica importante para sus hijos.
Uno de ellos indicó que algunos pacientes que recibieron una carta no están en el país ilegalmente, sino que simplemente vivían con familias de “estatus mixto”, y abandonaron el programa o planeaban hacerlo debido a la amenaza de informar a las autoridades de inmigración.
En la demanda se indica que implementar la norma impediría que los médicos atiendan a sus pacientes.
“El daño será irreparable si el tribunal no interviene”, advirtió Johnson.
