Antonio Taveras Guzmán, Senador
El senador Antonio Taveras Guzmán sometió una propuesta de modificación a varios artículos de la Ley 74-25 con el propósito de fortalecer las garantías constitucionales de libertad de expresión y de prensa, adecuar los delitos contra el honor a los principios de legalidad y proporcionalidad, proteger a los medios de comunicación de sanciones desproporcionadas.
El legislador explicó que la iniciativa busca fortalecer el Estado de derecho y garantizar una protección más equilibrada de los derechos fundamentales, evitando que disposiciones penales ambiguas o desproporcionadas puedan limitar el ejercicio legítimo de la libertad de opinión, crítica e información.
En cuanto al artículo 208 sobre difamación, Taveras Guzmán propuso que solo sea sancionable la imputación pública de hechos falsos que afecten el honor o la reputación de una persona. La iniciativa elimina las penas de prisión para este delito y las sustituye por multas de tres a ocho salarios mínimos del sector público, además de la reparación civil del daño causado.
Respecto al artículo 209, que actualmente tipifica la denominada difamación extorsiva, el senador planteó convertirla en una modalidad de difamación agravada. La propuesta reduce la pena actualmente prevista de cinco a diez años de prisión y la sustituye por una sanción de quince días a un año de prisión menor, cuando la difamación sea utilizada para obtener beneficios indebidos o para obligar a una persona a realizar, omitir o tolerar un acto en perjuicio de sus intereses.
De igual forma, la modificación del artículo 210 sobre injuria busca proteger la libertad de opinión y de crítica, reservando la intervención penal únicamente para conductas graves y dolosas. La propuesta elimina las penas de prisión y establece únicamente multas de tres a ocho salarios mínimos del sector público y la correspondiente reparación civil.
Asimismo, Taveras Guzmán propuso adecuar el artículo 212 para establecer que ninguna infracción contra el honor o la vida privada pueda dar lugar al cierre de medios de comunicación, la suspensión de sus actividades, la revocación de licencias, la incautación de equipos o cualquier otra medida que limite su funcionamiento, por considerar que tales sanciones son incompatibles con la libertad de prensa y de expresión.
Por igual, el legislador propuso la derogación del artículo 310, que sanciona el ultraje a funcionario o servidor público. Consideró que esta figura otorga una protección penal privilegiada a los funcionarios frente a los ciudadanos, limita el escrutinio público sobre quienes ejercen funciones estatales y resulta incompatible con el principio constitucional de igualdad ante la ley.
Según explicó, las modificaciones planteadas buscan modernizar el ordenamiento jurídico dominicano y alinearlo con la Constitución y con los estándares internacionales de protección de los derechos fundamentales, garantizando una mejor armonización entre el derecho al honor, la libertad de expresión y el fortalecimiento de la democracia.
