Al acoger la acusación del Ministerio Público, el Tribunal Colegiado de San Pedro de Macorís condenó a 10 años de prisión a tres hombres procesados por secuestro, retención ilegal, asociación de malhechores y porte y tenencia ilegal de arma de fuego.
La Unidad Antisecuestro, dependencia de la Dirección General de Persecución del Ministerio Público, junto a la Fiscalía de San Pedro de Macorís, demostró con diferentes pruebas la responsabilidad penal de Rafael Antonio Guzmán Llena (Mello o Rafa), Jorge Luis Carrasco Alfonseca y Julio César Familia Frías (Miguelito), para quienes solicitó penas de 20 años de prisión.
El equipo de litigación estuvo integrado por los fiscales Claudio Alberto Cordero Jiménez, representante de la Unidad Antisecuestro y de la Procuraduría Especializada Antilavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo, y el fiscal Eugenio Zacarías, de la Fiscalía de San Pedro de Macorís, quienes demostraron ante el tribunal, con pruebas irrefutables, la conducta criminal de los procesados, obteniendo así una sentencia que calificaron de ejemplarizadora.
El Tribunal Colegiado del Distrito Judicial de San Pedro de Macorís, presidido por el juez Juan de la Cruz Rijo Güilamo, acogió las pruebas documentales, testimoniales, materiales y periciales presentadas por el Ministerio Público, las cuales permitieron establecer la participación directa de los condenados en la planificación, ejecución y desarrollo de una estructura criminal dedicada al secuestro.
La investigación determinó que el 16 de abril de 2024 los procesados interceptaron y secuestraron a la víctima (de la cual se hace reserva del nombre por asuntos legales) mientras transitaba por la Autovía del Este, utilizando arma de fuego, violencia e intimidación para despojarlo de su libertad y trasladarlo en contra de su voluntad.
La rápida intervención policial permitió frustrar el crimen, rescatar con vida a la víctima y arrestar en flagrante delito a los responsables.
Durante el operativo, además de la pistola, fueron ocupadas armas blancas, celulares, dinero en efectivo, vehículos utilizados para la comisión del hecho y diversos objetos empleados para ejecutar el secuestro, consolidando una robusta base probatoria que permitió la condena de los procesados y el decomiso del arma de fuego utilizada en la actividad criminal.
