En un paso decisivo hacia la modernización y la transparencia democrática, el Poder Judicial de la República Dominicana anunció la apertura del proceso de consulta pública para la propuesta de su Política de Justicia Abierta.
La normativa fue aprobada por el Consejo del Poder Judicial mediante la sesión ordinaria núm. 12-2026 del pasado 19 de mayo de 2026.
Se informa que la consulta estará disponible para toda la ciudadanía hasta el 25 de junio de 2026, tiempo en el que los interesados podrán consultar el documento completo en los portales institucional y del Observatorio judicial.
Las observaciones y comentarios podrán remitirse completando el formulario de Consulta Pública en línea o a través del correo electrónico [email protected], siendo la Dirección de Análisis y Políticas Públicas del Poder Judicial la encargada de evaluar y recomendar las modificaciones pertinentes.
Lejos de ser un concepto abstracto, la Justicia Abierta es un modelo de gobernanza que transforma la relación entre los tribunales y la sociedad. Se fundamenta en cuatro pilares: transparencia, participación ciudadana, rendición de cuentas e innovación.
Con la implementación formal de esta política, el Poder Judicial dominicano persigue fines institucionales y sociales, como son: colocar al ciudadano en el centro, romper el hermetismo judicial, asegurar que la justicia responda a las necesidades reales de la población, y prevenir conflictos y violencia.
Para el sistema judicial, reviste vital importancia humanizar los procesos jurídicos, eliminar barreras de acceso a los más vulnerable y explicar de forma clara las decisiones de los jueces para recuperar la confianza pública.
Se enfatiza en la importancia de utilizar los datos generados por los tribunales para diseñar políticas públicas preventivas y promover la mediación como vía rápida y pacífica de resolución de disputas.
La Justicia Abierta es una obra en construcción permanente que se sostiene en la voluntad diaria de humanizar los procesos jurídicos, mitigar las barreras de acceso para los grupos vulnerables y devolver la confianza pública a las instituciones.
