Santo Domingo, RD
Al valorar distintas evidencias aportadas por el Ministerio Público, un juez de Barahona impuso tres meses de prisión preventiva a un hombre arrestado luego de que se le ocuparan en su vivienda doce armas de fuego de diferentes tipos y calibres, incluyendo dos de guerra tipo (Uzi).
La medida de coerción le fue impuesta a Radhamés Montero Encarnación, de 55 años de edad, quien enfrenta cargos por tenencia, portación y tráfico ilícito de armas de fuego.
Sobre el caso, la solicitud de medida de coerción indica que el imputado fue arrestado el pasado 22 de abril durante un allanamiento ejecutado con orden judicial en su residencia, ubicada en la avenida Antonio Suberví, antigua carretera Batey Central, de la provincia Barahona.
En la vivienda fueron ocupadas diferentes armas de fuego, incluyendo las dos armas de guerra (Uzi) con sus cargadores, así como pistolas, ocho armas de fabricación casera, cargadores de diferentes calibres, cañones y varias piezas de arma de fuego.
También, cápsulas para fusil M-4, cápsulas y casquillos calibre 38, cápsulas calibre 45 y cartuchos calibres 12 mm, además de cápsulas para carabinas.
En el transcurso del allanamiento también fueron ocupadas tres motocicletas, 6 chasis de motocicletas, dos de ellos no legibles, además de 5 taladros y 3 pulidoras.
El fiscal Freddy Ysmael García Melo, de la Fiscalía de la provincia Barahona, está a cargo de las investigaciones del caso por violación a la Ley de Armas.
Durante la audiencia los fiscales litigantes Freddy Natiaski Marmolejos, de la Procuraduría Especializada contra el Tráfico, Porte y Tenencia Ilegal de Armas, y Juan Carlos Dotel, de la Fiscalía de Barahona, sustentaron la solicitud de medida de coerción con diferentes evidencias documentales y materiales obtenidas en el transcurso de la investigación y que vinculan al hoy procesado con el caso.
El juez Daniel Emilio Medina Pimentel, de la Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente de Barahona, dispuso el cumplimiento de la medida en la cárcel pública de esa provincia.
El Ministerio Público otorgó al caso la calificación jurídica de violación a los artículos 66, 67, 68, 70 y 71 de la Ley 631-16 para el Control y Regulación de Armas, Municiones y Materiales Relacionados.
