La Fundación Institucionalidad y Justicia (FINJUS) valoró como un paso positivo y jurídicamente pertinente la decisión del Pleno de la Cámara de Cuentas de la República Dominicana (CCRD) de dejar sin efecto la resolución que disponía un aumento de beneficios para sus miembros.
El vicepresidente ejecutivo de la entidad , Servio Tulio Castaños Guzmán, calificó la medida como un "acto de prudencia" que se alinea con los principios constitucionales de un Estado de derecho, evitando así una posible colisión con la normativa que regula el gasto público.
Para FINJUS, el punto crítico de la revocada resolución residía en la naturaleza del órgano. Al ser la Cámara de Cuentas el ente superior de control externo encargado de fiscalizar los recursos del Estado, cualquier disposición que beneficie económicamente a sus propios integrantes debe ser tratada con rigor extremo.
"La adopción de una resolución que incida en las remuneraciones o beneficios de sus integrantes, sin un sustento claro, puede interpretarse como una extralimitación funcional y una afectación al principio de juridicidad", advirtió Castaños Guzmán.
El jurista subrayó que, en el orden constitucional dominicano, cuando los propios beneficiarios adoptan decisiones de incremento económico, se pone en riesgo el principio de imparcialidad y se generan conflictos de interés que afectan la credibilidad institucional.
Racionalidad del gasto y confianza ciudadana
FINJUS destacó que la anulación de la resolución también responde al principio de racionalidad del gasto público. Según el comunicado, los recursos estatales deben administrarse bajo criterios de eficiencia y responsabilidad, algo que la reciente rectificación de la CCRD parece rescatar.
"La legitimidad de las instituciones descansa en la confianza ciudadana", señaló el vicepresidente de FINJUS, explicando que cuando un órgano auditor toma decisiones percibidas como de provecho propio, surge una tensión inevitable con los principios de transparencia y rendición de cuentas.
Una decisión "constitucionalmente necesaria"
Finalmente, Castaños Guzmán consideró que la decisión no solo es oportuna desde el punto de vista legal, sino "constitucionalmente necesaria". Al dar marcha atrás, la Cámara de Cuentas evita vulnerar pilares esenciales como la separación de funciones y la supremacía de la Constitución.
Con este pronunciamiento, FINJUS se suma a otras voces institucionales, como la del Senado de la República, que han visto en esta rectificación un ejercicio de responsabilidad pública por parte de la gestión que encabeza la doctora Emma Polanco Melo.
