En un paso decisivo hacia la modernización del Estado, el Ministerio de Administración Pública (MAP) y la Dirección General de Contrataciones Públicas (DGCP) aprobaron un nuevo modelo estándar de estructura organizacional para las Unidades de Compras de las instituciones públicas.
Esta reforma, enmarcada en el proceso de implementación de la Ley 47-25, tiene como objetivo principal fortalecer la transparencia y la profesionalización en la gestión contractual. Bajo este nuevo esquema, la Unidad de Contrataciones Públicas desempeñará un rol transversal, brindando apoyo técnico y administrativo durante todo el ciclo de vida del contrato y garantizando la trazabilidad de cada proceso.
Tres niveles de estructura según la necesidad institucional
De acuerdo con la resolución conjunta para asegurar que cada entidad cuente con un modelo acorde a su realidad operativa y presupuestaria, se han definido tres tipos de estructuras organizativas:
Estructura Tipo A (Funcional Especializada): Diseñada para instituciones con compras estratégicas y de alto riesgo. Divide las compras misionales de las operativas y cuenta con subunidades para evaluación de ofertas y administración de proveedores.
Estructura Tipo B (Mixta): Orientada a instituciones donde las compras son procesos de apoyo con bienes y servicios comunes. Requiere una división clara de roles pero con menor nivel de especialización que la tipo A.
Estructura Tipo C (Simple): Pensada para entidades con bajo volumen de procesos. Centraliza las funciones en un equipo pequeño para reducir la burocracia y optimizar los recursos presupuestarios.
Creación de una Mesa Técnica de seguimiento
Para garantizar la aplicación de esta medida y asegurar el éxito de esta transición, el artículo 14 de la nueva normativa establece la creación de una Mesa Técnica, de carácter consultivo y técnico, encargada de acompañar a las instituciones en la adopción de estos modelos.
Las nuevas Unidades de Contrataciones Públicas, dependientes de la Dirección Administrativa Financiera (DAF) de cada institución, se encargarán de dirigir y coordinar las adquisiciones de bienes, obras y servicios, asegurando que cada peso invertido esté alineado con la normativa vigente del Sistema Nacional de Contrataciones Públicas y las necesidades estratégicas del país.
Con esta medida, el Gobierno dominicano reafirma su compromiso con una Administración pública más ágil donde la gestión de las compras no sea solo un trámite administrativo, sino un pilar de la eficiencia.
