El titular de la Secretaría de Administración Pública del Partido de la Liberación Dominicana (PLD), Carlos Manzano, alertó al país sobre la práctica de la actual gestión del PRM de “gobernar por decreto”, actuación que pone en riesgo la democracia, la institucionalidad y el futuro del Estado dominicano.
“Resulta altamente preocupante la forma en que este gobierno ha venido utilizando los Decretos como principal mecanismo de gestión de la administración pública”, destaca Manzano en un despacho de prensa de la Secretaría de Comunicaciones del PLD.
Explicó que en los últimos cinco años se han creado, mediante Decretos, alrededor de 50 Comisiones destinadas a regular, supervisar y coordinar materias que, por su naturaleza, ya estaban reguladas por leyes previamente aprobadas y vigentes.
“Esta práctica no solo desconoce el rol del Poder Legislativo, sino que coloca decisiones administrativas por encima del ordenamiento jurídico, creando un peligroso precedente de discrecionalidad y concentración de poder”, argumentó el titular de Administración Pública del PLD.
Argumentó que los Decretos que denuncia, han pasado a convertirse en una práctica recurrente que desconoce el principio de separación de poderes y coloca decisiones administrativas por encima del marco jurídico nacional.
Entre las Comisiones creada por Decretos Carlos Manzano cita la reforma policial, modernización del Estado, transparencia y lucha contra la corrupción, seguridad ciudadana, movilidad, tránsito y transporte, gestión de infraestructuras, seguimiento de políticas energéticas, asuntos portuarios y aeroportuarios, asuntos migratorios, compras y contrataciones, supervisión SENASA, así como evaluación y supervisión de instituciones públicas, funciones que ya estaban claramente asignadas por la ley.
“Bajo el pretexto de la eficiencia y la coordinación, se ha instaurado un modelo administrativo paralelo de gestión pública, discrecional y poco transparente, que genera caos y confusión institucional y pérdida de confianza ciudadana”, agregó para concluir con la alerta a la población sobre dichas prácticas. “que ponen en riesgo la democracia, la institucionalidad y el futuro del Estado dominicano”.
