La titular de la Secretaría de Asuntos Municipales del Partido de la Liberación Dominicana (PLD), Francis Jorge, manifestó su firme oposición a la reciente modificación de la Ley Municipal aprobada por el Senado, la cual elimina las sanciones penales para los alcaldes que violen la distribución del presupuesto.
Jorge calificó esta medida como un retroceso en la transparencia y advirtió que el Gobierno del PRM busca "cancha abierta" para que las autoridades locales manejen los recursos públicos a su antojo y sin temor a consecuencias judiciales.
Para la experta municipalista, la eliminación del castigo penal en el Artículo 21 de la ley envía un mensaje peligroso a la administración pública.
Jorge cuestionó la necesidad de eliminar estas penalidades. "Si tú no vas a robar, no tienes que tener miedo a que esté la sanción penal", declaró, sugiriendo que la protección legal solo beneficia a quienes planean violentar la distribución de los fondos.
Falta de fiscalización
Al retirar el componente penal, el PLD considera que se debilita el control sobre el dinero que pertenece a las comunidades, dejando solo sanciones administrativas que resultan insuficientes para frenar el dolo.
Uno de los puntos más críticos de la reforma es el cambio en la distribución de los ingresos que reciben los ayuntamientos desde el Presupuesto General del Estado:
La nueva normativa permitiría a los alcaldes destinar hasta un 75 % de las transferencias al gasto corriente (nómina y servicios), reduciendo drásticamente la inversión obligatoria en obras y bienes de capital.
Francis Jorge denunció que esta flexibilización tiene un trasfondo político. "Lo que quieren es una cancha abierta para nombrar como les dé la gana y aumentar la nómina", afirmó, vinculando esta medida con una estrategia para las elecciones de 2028.
El debate técnico
Aunque reconoció que en algunos gremios municipales se había discutido que la sanción penal era una "exageración" del legislador para faltas menores, Jorge insistió en que el contexto actual no es el adecuado para debilitar el marco jurídico. Sostuvo que, ante la intención del Gobierno de ampliar el gasto corriente, la permanencia de sanciones fuertes era la única garantía para evitar el despilfarro.
La propuesta, que ya cuenta con el visto bueno del Senado, pasará ahora a la Cámara de Diputados, donde el PLD ha adelantado que mantendrá su postura crítica en defensa de los recursos municipales.
