Francisco Domínguez Brito y José Dantés Díaz, argumentan que la reforma aprobada “altera garantías del debido proceso, ignorando precedentes del Tribunal Constitucional
JusticiaHace instantes
José Dantés Díaz y Francisco Domínguez Brito cuestionaron la reforma al Código Procesal Penal (CPP) aprobada por la Cámara de Diputados, argumentando, por separado, que lo aprobado no soluciona las dificultades procesales reales.
“El país necesita una reforma al Código Procesal Penal (CPP), pero no una que debilite derechos ni termine legalizando los excesos del Ministerio Público”, escribió José Dantés Díaz, titular de la Secretaría de Asuntos Jurídicos del PLD.
Argumenta que la reforma aprobada “altera garantías del debido proceso, ignora precedentes del Tribunal Constitucional y deja en la Procuradora General de la República la decisión sobre qué se modifica y cómo”, agregó a su comentario en la red social X.
“Hoy vemos una cultura donde el Ministerio Público actúa con lógica de “Estado policial”, sin contrapesos. Reforma sí. Contrarreforma, no”, concluyó José Dantés Díaz su mensaje.
De su lado, Francisco Domínguez Brito, ex Procurador General de la República, quien al igual que José Dantés Díaz es miembro del Comité Político del Partido de la Liberación Dominicana (PLD), aclaró que la reforma no responde a las necesidades actuales del sistema de justicia.
“Lo aprobado no endurece la lucha contra el crimen», sostuvo Domínguez Brito, quien de inmediato agregó que por el contrario podría hacer los procesos judiciales «más lentos de lo insoportablemente lentos que ya eran».
Alertó respecto al riesgo de que la reforma podría elevar la cantidad de personas en prisión preventiva, empeorando el hacinamiento en las cárceles y afectando especialmente a acusados por delitos menores.
Francisco Domínguez Brito llamó a los legisladores a revisar a fondo la pieza y a apostar por un Código Procesal Penal que fortalezca la persecución penal, reduzca la impunidad y responda a los desafíos actuales de la seguridad pública.
La Cámara de Diputados aprobó en segunda lectura la reforma al CPP en cumplimiento de una sentencia del Tribunal Constitucional y ahora el proyecto aprobado pasa al Senado, donde deberá ser aprobado en dos lecturas.
El evento, titulado “Lucha contra la corrupción: Desafíos y oportunidades en RD y la región”, será encabezado por la procuradora Yeni Berenice Reynoso, el procurador adjunto Wilson Camacho y la procuradora de corte Mirna Ortiz
El proyecto de ley debe volver al Senado de la República, donde había sido aprobado previamente, debido a las modificaciones que introdujeron los diputados.
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Los imputados que deberán cumplir la medida de coerción en la cárcel pública del kilómetro 15 de Azua son Eduard Alexander Moreta Díaz, Edwar Confesor Nicolás Marmolejos, Eudy Rodríguez, Michael Vallejo Sánchez, Meregildo Segura Cuevas.
La operación se inició tras una alerta sobre una embarcación que se dirigía hacia las costas dominicanas con posible cargamento de sustancias controladas. Inmediatamente, se desplegaron labores de interdicción por aire, mar y tierra para interceptar la lancha.
El presidente de la organización, el magistrado Andrés Coma, expresó su profunda condena y preocupación por los actos violentos que resultaron en la muerte y heridas de dos testigos en incidentes separados ocurridos en Santo Domingo Este y San Francisco de Macorís.
La menor había sido reconocida por sus méritos académicos e incluida en el cuadro de honor del colegio, para lo cual la institución organizó un pasadía con los estudiantes destacados.
El suizo Mika Brunold, número 307 del ranking ATP, publicó un comunicado que provocó impacto en el ambiente. “No se habla lo suficiente sobre esto”, dijo
Las embarcaciones pertenecían a las empresas Transporte Deo Rigo y Transporte Rápido El Oriente. A bordo se encontraban menores, docentes y adultos mayores, quienes fueron arrastrados al río Ucayali.
Según Domínguez Brito, la propuesta legislativa es "bastante floja" y no endurece la lucha contra el crimen, lo que podría resultar en un agravamiento de problemas estructurales ya existentes en el sistema de justicia penal del país.
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