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Ministerio Público tiene pruebas para imponer medida de coerción a red de piratería desmantelada en la Operación Domo
La fiscal titular del Distrito Nacional, Rosalba Ramos, detalló que el caso involucra más de 20 millones de dólares, incluyendo transacciones en bitcoins.
Hace 2 horas
El Ministerio Público ha asegurado que cuenta con suficientes elementos de prueba para solicitar una medida de coerción contra los integrantes de una red de piratería digital, desmantelada durante la Operación Domo.
La fiscal titular del Distrito Nacional, Rosalba Ramos, detalló que el caso involucra más de 20 millones de dólares, incluyendo transacciones en bitcoins.
El órgano acusador solicitó 18 meses de prisión preventiva y la declaratoria de complejidad del proceso para los imputados: Leonardo Alberto Casci Ocumárez, Raúl Ernesto Guzmán Lora, Keomirys Torres López, Víctor Luis Torres López, Raúl Ernesto Guzmán Croes y Leony Esmeralda Croes.
Ramos acompaña a un equipo de fiscales liderado por los procuradores de cortes Jonathan Baró Gutiérrez y José Agustín de la Cruz Santiago, de la Unidad de Propiedad Intelectual (UPI) y la Procuraduría Especializada Contra Crímenes y Delitos de Alta Tecnología (Pedatec).
La fiscal destacó la magnitud del caso en la lucha que mantiene el Ministerio Público contra el lavado de activos y los delitos de alta tecnología. Asimismo, explicó que la entrega voluntaria de Raúl Ernesto Guzmán Croes y Leony Esmeralda Croes se produjo tras el llamado de las autoridades, que los buscaban activamente desde el pasado viernes 19 de septiembre.
Aplazamiento de la audiencia y detalles de la investigación
La audiencia para conocer la solicitud de medida de coerción fue aplazada para el domingo 28 de septiembre a las 9:00 de la mañana.
El juez Rigoberto Sena, de la Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente, tomó la decisión a solicitud de los nuevos abogados defensores que se sumaron al proceso.
Según las investigaciones, los imputados operaban servicios de distribución y streaming ilegales, ofreciendo accesos no autorizados a películas, series y programas de televisión protegidos por derechos de autor.
Estas acciones representan violaciones a las siguientes leyes, en perjuicio de compañías internacionales y del Estado dominicano:
Ley 65-00 sobre Derecho de Autor.
Ley 53-07 sobre Crímenes y Delitos de Alta Tecnología.
Ley 155-17 contra el Lavado de Activos y el Financiamiento del Terrorismo.
La Operación Domo fue coordinada por la Dirección General de Persecución del Ministerio Público, con la participación de la UPI, la Pedatec, la Procuraduría Especializada contra el Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo, la Fiscalía del Distrito Nacional y la Unidad de Investigación Criminal (UIC).
También contaron con la colaboración de las direcciones policiales DICAT y DEIDET, y el apoyo internacional del Departamento de Justicia y la Oficina de Investigaciones de Seguridad Nacional (HSI) de los Estados Unidos.
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