Testigo detalla cómo el General Santos Viola usó prestanombres para ocultar bienes de corrupción

El Ministerio Público presentó este martes nuevas evidencias en el expediente derivado de la Operación Coral, que detallan cómo los acusados, incluyendo el general Julio Camilo de los Santos Viola, habrían ocultado bienes millonarios a través de prestanombres. Estos activos, que incluyen inmuebles y vehículos, fueron adquiridos en efectivo y nunca se registraron a nombre de sus verdaderos propietarios.

La audiencia, celebrada ante el Primer Tribunal Colegiado del Distrito Nacional, escuchó el testimonio clave de Marioly Pérez Adames, esposa del teniente coronel Kelman Santana Martínez, uno de los acusados. Pérez Adames admitió que, sin su consentimiento, fue colocada como la supuesta propietaria del apartamento B-4 en el condominio Torre Elsa, en Gascue.

La testigo declaró que nunca ha visitado ni conoce la ubicación de dicho apartamento. Agregó que, en 2022, ella y su esposo entregaron voluntariamente el inmueble al Ministerio Público para fines de decomiso.

La investigación reveló que este apartamento fue adquirido en 2014 a la empresa Coinpro, pero el pago no fue realizado por Pérez Adames ni por Santana Martínez, sino por el imputado general de brigada Julio Camilo de los Santos Viola. Este último también figura como comprador de otras unidades funcionales (A-3 y A-4) del mismo complejo, utilizando como prestanombres a Manuel Alba Solano y Elida María Trinidad Santiago.

Durante la jornada, también declararon los testigos Yessenia Artemis Cepín Peña y Jorge David Ulloa Ramos, cuyas declaraciones fortalecieron la teoría del Ministerio Público sobre la ocultación de bienes. Entre los casos mencionados, se destacó la colocación de una camioneta todoterreno a nombre de Cepín Peña, con la supuesta intención de traspasarla posteriormente a Manuel Alba Solano. Aunque el traspaso nunca se formalizó, el vehículo fue utilizado por los imputados.

Valor de los Bienes Ocultos
En esta sesión, se incorporaron 24 tasaciones que evidencian los valores reales de los bienes adquiridos por los acusados. Entre estos, destacan propiedades pertenecientes al coronel Rafael Núñez de Aza y al mayor Raúl Alejandro Girón Jiménez, valoradas cada una en más de 50 millones de pesos.

El órgano acusador estuvo representado por los procuradores fiscales Jonathan Pérez Fulcar, Melbin Romero, Arolin Lemos y Enmanuel Ramírez, quienes continúan presentando pruebas que demuestran el esquema de corrupción utilizado por militares y policías para sustraer fondos públicos.

La audiencia, presidida por las juezas Esmirna Giselle Méndez, Tania Yunes y Jissel Naranjo, del Primer Tribunal Colegiado del Distrito Nacional, continuará el próximo jueves 24 de julio. Hasta la fecha, el Ministerio Público ha presentado 262 testigos y peritos, 755 pruebas documentales, 23 pruebas materiales y 88 informes periciales.