Jueza federal ordena al gobierno de Trump restaurar la asistencia legal a niños migrantes

Una jueza federal en California ordenó el martes al gobierno de Estados Unidos que restablezca temporalmente la asistencia legal a decenas de miles de niños migrantes que se encuentran en el país sin un padre o tutor.

El gobierno del republicano Donald Trump puso fin el pasado 21 de marzo a un contrato con el Acacia Center for Justice, una organización que proporciona servicios legales para migrantes menores de 18 años no acompañados mediante una red de grupos de asistencia jurídica. Once de los grupos presentaron una demanda en la que arguyen que había 26.000 niños en riesgo de perder a sus abogados; Acacia no se encuentra entre los demandantes.

Esos grupos argumentaron que, en virtud de una ley establecida en 2008 para combatir la trata de personas, el gobierno tiene la obligación de proporcionar asesoría legal a los niños vulnerables.

 La jueza federal Araceli Martínez-Olguín, de San Francisco, concedió una orden de restricción temporal el martes por la noche. Escribió que los grupos activistas plantearon preguntas legítimas sobre si el gobierno violó la ley de 2008, lo que justifica un retorno al statu quo mientras el caso continúa. La orden entrará en vigor el miércoles y se extenderá hasta el 16 de abril.

"Además, la corte considera que la financiación continua de la representación legal para los niños no acompañados promueve la eficiencia y la equidad dentro del sistema de inmigración", escribió la jueza.

Es el tercer revés legal en menos de una semana para las restricciones migratorias del gobierno de Trump, aunque todas podrían resultar temporales a medida que avanzan las demandas. El viernes, un juez federal en Boston determinó que las personas con órdenes de deportación final deben tener una “oportunidad significativa” de presentar sus argumentos para no ser enviadas a un país que no sea el suyo. El lunes, otro juez federal en San Francisco suspendió los planes para poner fin a las protecciones de cientos de miles de venezolanos, incluidos 350.000 cuyo estatus legal estaba programado para expirar el 7 de abril.

 
Los demandantes señalaron que ponerle fin al programa es una violación a la Ley de Reautorización de Protección de Víctimas de Trata, la cual establece protecciones especiales para los niños migrantes que no pueden navegar por el complejo sistema de inmigración sin asistencia. Los demandantes indicaron que algunos de sus clientes son demasiado jóvenes para hablar y otros están demasiado traumatizados y no saben inglés, dijeron.

La ley de 2008 requiere que el gobierno asegure “en la mayor medida posible” que todos los niños que ingresan al país sin compañía de un adulto cuenten con asesoría legal que los represente en los procedimientos y para “protegerlos del maltrato, la explotación y la trata”.

La parte demandada, que incluye al Departamento de Salud y Servicios Humanos y su Oficina de Reasentamiento de Refugiados, aseguró que los contribuyentes no tienen la obligación de cubrir el costo de la asistencia jurídica a los niños migrantes en un momento en que el gobierno está tratando de ahorrar dinero. También señalaron que los tribunales de distrito no tienen jurisdicción sobre la cancelación de un contrato que habría expirado a finales del mes pasado.

Acacia está bajo un nuevo contrato con el gobierno para brindar orientación legal, incluidas clínicas de “conozca sus derechos”.

Pero los demandantes dijeron que no piden que se restablezca el contrato, sino un retorno al statu quo, que es gastar los 5.000 millones de dólares que el Congreso asignó para la representación jurídica de los menores, indicó Karen Tumlin, del Justice Action Center, en una audiencia judicial el martes.

Añadió que el gobierno no puede simplemente eliminar la financiación sin girar instrucciones sobre quién ayudará a estos niños.

“Necesitan asegurarse en la mayor medida posible de que haya un plan”, dijo.

En la misma audiencia, Jonathan Ross del Departamento de Justicia dijo que el gobierno todavía está financiando actividades requeridas por la ley, como las clínicas de “conozca sus derechos”, y que las clínicas legales pueden ofrecer sus servicios sin costo.

“Aún son libres de proporcionar esos servicios de manera pro bono”, dijo.

La jueza Martínez-Olguín fue nombrada al cargo por el presidente Joe Biden.