La organización denunció que tras casi cinco años de gestión, persisten graves deficiencias en la movilidad vial del país, sin que se evidencie una inversión efectiva de esos recursos en el fortalecimiento del sistema.
La institución aseguró que los recursos generados por infracciones no están fortaleciendo a los organismos responsables como el Instituto Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre (INTRANT) ni a la Dirección General de Seguridad de Tránsito y Transporte Terrestre (DIGESETT), lo que limita seriamente la implementación de un régimen de consecuencias efectivo para reducir la alta tasa de siniestralidad vial que afecta a la población dominicana.
En la declaración, explican que durante la reciente comparecencia del director del INTRANT, Ing. Milton Morrison, ante el Senado, la Secretaría de Seguridad Vial de la FP identificó señales claras de una profunda crisis de autoridad en la gestión del tránsito, caracterizada por la fragmentación institucional, recursos insuficientes y la ausencia de una estrategia articulada.
“El sistema de movilidad enfrenta una parálisis funcional: las competencias se solapan, la colaboración entre instituciones es débil, y ninguna entidad parece asumir plenamente el liderazgo que la situación requiere”, expresó la Secretaría en un documento oficial.
Asimismo, la organización señaló que el gobierno del PRM está impulsando políticas recaudatorias sin resolver las fallas estructurales y operativas del sistema. Tras el fracaso de la reforma fiscal, denuncian que las autoridades pretenden aplicar cargas económicas a los ciudadanos sin garantizar mejoras en la gestión del tránsito ni en la infraestructura vial ni en el parque automotriz.
La Secretaría de Seguridad Vial también cuestionó la capacidad operativa de los ayuntamientos y su desvinculación del sistema nacional de movilidad. Advirtió que los municipios, claves en la ejecución local de políticas de tránsito, enfrentan serias limitaciones técnicas y financieras, lo que impide una gestión territorial efectiva del transporte.
De igual manera, aseguran que la DIGESETT, órgano responsable de la fiscalización y control en las vías, continúa recurriendo a medidas represivas, muchas veces exacerbadas y poco efectivas, debido a la falta de entrenamiento del personal y al hecho de que los fondos recaudados por infracciones no se utilizan para su fortalecimiento institucional.
“La seguridad vial no se logra con propaganda ni con sanciones aisladas. Se requiere una inversión real, liderazgo estatal y coordinación entre todos los actores del sistema, como establece la Ley 63-17”, subraya el comunicado.
La Secretaría de Seguridad Vial de la FP hizo un llamado urgente al gobierno para que revise la asignación de los fondos provenientes de multas, transparente su uso y garantice su inversión en acciones concretas que reduzcan la morbilidad y mortalidad en las calles del país.
