La jueza Yerixa Cabral de la Cruz, de la Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente del Distrito Judicial de Valverde, aplazó para el jueves, 20 de febrero de 2025, a las 9:00 de la mañana, el conocimiento de la medida de coerción a la procesada Fajardo Liriano, luego de acoger una solicitud de la defensa técnica de la imputada, que pidió más tiempo para preparar su defensa.
Para Fajardo Liriano, quien fue apresada este mes de febrero en Puerto Príncipe, Haití, el Ministerio Público solicitará que le sea impuesto un año de prisión preventiva.
A este caso también está vinculada Patricia Cruz (la Macha o Vanesa), quien se encuentra prófuga.
El Ministerio Público señala en un comunicado de prensa, que la PETT y la Fiscalía de Valverde iniciaron una investigación penal, en el mes de enero del pasado año, conjuntamente con la Dirección de Investigaciones contra la Trata y el Tráfico de Personas de la Policía Nacional, luego de que recibieran una denuncia que establecía que una joven adolescente de 15 años de edad había sido captada y trasladada hasta el Bar La Patrona, en Haití, propiedad de Fajardo Liriano, para explotarla sexualmente. En dicho bar, además, la agredieron físicamente.
La víctima fue contactada por Patricia Cruz a través de la red social Facebook, quien luego la llevó hasta el citado bar, cruzando la frontera de manera irregular. Una vez en el lugar, fue recibida por Fajardo Liriano.
En el transcurso de las investigaciones, además, se estableció que en el referido bar tenían a otras cuatros jóvenes secuestradas y a varias mujeres.
El Ministerio Público dijo contar con evidencias suficientes que vinculan a las imputadas con un grupo criminal de delincuencia organizada, dedicada a la trata de personas con fines de explotación sexual de adolescentes y adultas, siendo estos quienes se encargan de trasladar, transportar, dar acogida y receptar a las víctimas que son reclutadas y/o captadas en República Dominicana para ser explotadas sexualmente en el bar, denominado La Patrona Club, ubicado en el centro de Puerto Príncipe.
Las víctimas eran llevadas al lugar mediante engaño, coacción y aprovechándose de las condiciones de vulnerabilidad que presentan, determinadas por la edad, género y situación económica en el país.
El Ministerio Público le ha otorgado al presente hecho la calificación jurídica de violación de trata de personas con fines de explotación sexual (agravado) y tráfico ilícito de migrantes, tipificados y sancionados por las disposiciones de los artículos 1, literales A y H, 2, 3 y 7 (literal E), de la Ley 137 -03, sobre Tráfico Ilícito de Migrantes y Trata de Personas, y el artículo 396, literales A y B, del Código para la Protección y los Derechos Fundamentales de Niños, Niñas y Adolescentes.
El órgano persecutor sostiene que a la imputada debe imponérsele la prisión preventiva, como medida de coerción, para garantizar su presencia en el proceso.
