
El proyecto de IRI y Crime Stoppers desarrollará un mapeo integral de actores, incluyendo instituciones gubernamentales, organismos de seguridad, entidades de control, sociedad civil y legisladores clave.
Los munícipes afectados están ubicados en las comunidades Los Pinos, La Salsa, Blanco, Yujo, La Romana, El Can, el Hoyo y Los capaces.
Panorama22 de octubre de 2024
Decenas de familias residentes en ocho comunidades de Comedero Arriba, Cotuí, están en vilo por las amenazas que les profieren la familia Tejada Rodríguez, quienes desean desalojarlos de unos terrenos que ocupan desde hace más de 70 años.
Los munícipes afectados están ubicados en las comunidades Los Pinos, La Salsa, Blanco, Yujo, La Romana, El Can, el Hoyo y Los capaces.
El sacerdote misionero Fidel Néstor Mecongo Mecongo denuncia que la población tiene miedo, infundido por la familia Tejada Rodríguez, a tal punto que se abstiene de asociarse para reclamar sus derechos de ocupación de los terrenos, en los cuales han trascendido cinco generaciones de sus familiares a lo largo de más de 70 años.
Daniel Cruz Ayala, uno de los voceros comunitarios, denunció que el estado de zozobra es permanente y que los que dicen tener los títulos de propiedad no respetan ni siquiera que el caso está en el Tribunal de Tierra de Cotuí.
También responsabilizó al coronel de la Fuerza Aérea, Willy Fernando Tejada Rodríguez, de amenazar a los munícipes, interrumpiendo hasta sus actividades laborales.
Ramona Petitón clama por la intervención del presidente Luis Abinader y del presidente del Senado, Ricardo de los Santos, a los fines de mediar para buscar un entendimiento que lleve paz a sus familias.
Quintino Ramírez es uno de los afectados más directo, porque además de quererlo desalojar de sus terrenos, hace alrededor de dos años recibió un balazo por parte de uno de los integrantes de familia Tejada Rodríguez y aun no hay castigo contra su agresor.
Los afectados dejaron claro que no abandonarán esos terrenos, pues es donde están sus hogares, las escuelas donde estudian sus hijos, donde levanta el sustento de sus familias, gracias a un proyecto agroforestal adscrito al Plan Quisqueya Verde, auspiciado por el Gobierno.

El proyecto de IRI y Crime Stoppers desarrollará un mapeo integral de actores, incluyendo instituciones gubernamentales, organismos de seguridad, entidades de control, sociedad civil y legisladores clave.

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El caso ha sido remitido a las instancias competentes para los fines legales correspondientes, asegurando un proceso transparente y apegado a la ley.

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