Laurent Vinatier, que fue detenido en Moscú en junio, ya ha admitido su culpabilidad, lo que permitiría un juicio rápido sin un análisis detallado de las pruebas.
Así va el mundo14 de octubre de 2024 Associated Press
La fiscalía pidió el lunes a una corte rusa que imponga una pena de prisión de tres años y tres meses a un ciudadano francés acusado de reunir de forma ilegal información sobre asuntos militares.
Laurent Vinatier, que fue detenido en Moscú en junio, ya ha admitido su culpabilidad, lo que permitiría un juicio rápido sin un análisis detallado de las pruebas.
Las detenciones bajo acusaciones de espionaje y de recabar datos sensibles se han vuelto cada vez más frecuentes en Rusia desde que envió tropas a Ucrania en febrero de 2022.
La detención de Vinatier se produjo en un pico de tensiones entre Moscú y París después de unas declaraciones del presidente de Francia, Emmanuel Macron, sobre la posibilidad de desplegar tropas francesas en Ucrania.
Las autoridades rusas acusaron a Vinatier de no registrarse como “agente extranjero” cuando recababa información sobre el “ejército y actividades técnico-militares” rusas que podrían utilizarse en detrimento de la seguridad del país.
La fiscalía alegaba que Vinatier había reunido información militar durante sus reuniones con tres ciudadanos rusos en Moscú entre 2021 y 2022. Los ciudadanos rusos no fueron identificados en los documentos de acusación.
Los abogados de Vinatier alegaron que la pena solicitada por la fiscalía era demasiado dura y pidieron al juez que le impusiera una multa en su lugar.
Vinatier es asesor del Centro por el Diálogo Humanitario, una organización no gubernamental con sede en Suiza. El grupo dijo en junio que hacía “todo lo posible para asistir" al detenido.
Las acusaciones contra Vinatier están relacionadas con una ley que requiere que cualquier persona que reúna información sobre asuntos militares se registre ante las autoridades como agente extranjero.
Activistas de derechos humanos han criticado esa ley y otra legislación reciente enmarcada en la campaña del Kremlin contra medios independientes y activistas políticas, que pretende sofocar las críticas a sus acciones en Ucrania.
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Ambos imputados deberán someterse a presentación periódica ante el Ministerio Público y tienen impedimento de salida del país sin previa autorización judicial.
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En esencia, la sentencia establece que la simple impresión de un mensaje de WhatsApp no es suficiente si es impugnada, exigiendo que se demuestre, mediante experticia técnica, que la información digital es auténtica y no ha sido manipulada.
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