El Tribunal Constitucional (TC), se encuentra apoderado de varias acciones de inconstitucionalidad en contra de un Reglamento que emitió el Consejo del Poder Judicial, en el 2019, el cual organiza el sistema de escalafón judicial y el sistema de provisión de cargos judiciales.
Las instancias fueron depositadas por la Red Nacional de Jueces, la asociación que más jueces agrupa a nivel nacional, así como acciones de manera directa particular interpuesta por los jueces Ysis Muñiz, Jueza de la Corte de Apelación del Distrito Nacional, Deyanira Altagracia Garcia Hernandez, Pedro Marcial Ramirez, Glady De los Santos y Julio Cesar Araujo.
Los jueces alegan que estas acciones datan desde el año 2022, según los expedientes TC-01-2022-0033, TC-01-2022-0016, TC-01-2021-0027 y TC-01-2022-0024, respectivamente y que más de dos años más tardes el Tribunal Constitucional no ha respondido ninguna de las acciones, mientras que se le sigue vulnerando sus derecho al mantener el Consejo del Poder Judicial la aplicación del reglamento que ellos alegan como inconstitucional.
Uno de los jueces consideró que el TC ha ignorado a los jueces en su reclamación, al no fallar las acciones sometidas desde hace más de dos años, lo cual hace a los propios magistrados víctimas de la mora constitucional que recae sobre esa alta corte.
¿Seguirán siendo ignorados los jueces en su reclamación o el Tribunal Constitucional procederá a fallar los recursos sometidos por estos servidores?, se preguntó otro de los magistrados que interpuso la acción directa de inconstitucionalidad en contra del reglamento de escalafón judicial.
Tan pronto el Consejo del Poder Judicial emitió el referido Reglamento, inmediatamente se comenzaron a escuchar las voces en contra de esta resolución, considerando los jueces que esta decisión vulnera sus derechos y que no estuvieron conforme con lo contemplado en ella.
Señalaron que esa situación conlleva que el propio Consejo del Poder Judicial emitiera una nueva resolución modificando ciertos artículos de estos reglamento, no obstante a juicio de los jueces, esta modificación aún no resuelve el problema y afecta sus derechos.
Entendiendo los jueces que el reglamento en vez de organizar el sistema de carrera, lo que ha producido es una afectación directa a la Constitución Dominicana, al tiempo de señalar que este reclamo no ha sido aislado, sino que es una reclamación conjunta de todos los jueces a nivel nacional.
