La Policía cerca Barcelona para detener a Carles Puigdemont

Los Mossos d'Escuadra han puesto en marcha la 'operación jaula' para buscar al político haciendo controles en las carreteras de la región.

Así va el mundo08 de agosto de 2024
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El expresidente de Cataluña, Carles Puigdemont, en un acto de bienvenida en Barcelona. 8 de agosto de 2024. David Zorrak

Los Mossos d'Escuadra, la Policía regional catalana, ha activado la 'operación jaula' para detener al expresidente de Cataluña Carles Puigdemont, después de que este haya ingresado por primera vez en España tras siete años en el extranjero para eludir la acción de la Justicia española.

Puigdemont ha reaparecido alrededor de las 9 de la mañana a las puertas del Parlamento regional, en Barcelona, donde una hora después ha dado comienzo la sesión de investidura como presidente del candidato del Partido Socialista de Cataluña (PSC), Salvador Illa, ganador de las elecciones regionales celebradas el pasado 12 de mayo.

Ante unas 2.500 personas convocadas por su partido político, el independentista Junts per Catalunya, el expresidente catalán ha subido a un escenario y ha dado un pequeño discurso en el que ha criticado la represión que a su juicio se desató tras el referéndum ilegal celebrado en 2017 y a un país en el que "las leyes de amnistía no amnistían".

Tras su intervención, los diputados de Junts han ingresado en la Cámara catalana sin la compañía de Puigdemont, quien desde entonces se encuentra en paradero desconocido.

El Departamento de Interior del Gobierno catalán ha confirmado a elDiario.es que se había pactado con él una detención discreta, es decir, no detenerle delante de sus simpatizantes, y que no se preveía esta situación.

En este escenario, los Mossos han puesto en marcha un operativo para localizar el posible vehículo en el que pudiera haber escapado el expresidente, en primer lugar en el ámbito barcelonés y en la actualidad afectando a toda Cataluña.

Sobre Puigdemont pesa una orden de detención y captura promulgada por el Tribunal Supremo, que ha interpretado que el delito de malversación, del que se acusa al político, no queda cubierta por la ley de amnistía aprobada a finales del mes de mayo y que entró en vigor dos semanas después.

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