
El juez Rigoberto Sena, reconoce la fortaleza de la investigación del Ministerio Público, e impone, además, arresto domiciliario, impedimento de salida y garantías económicas para otros tres imputados.
El tribunal tomó la decisión, tras acoger el dictamen del ministerio público, representado por la fiscal litigante Yurisan Ceballos, quien expuso cómo ocurrieron los hechos
Justicia16 de abril de 2024
El Segundo Tribunal Colegiado del Distrito Judicial de La Vega, condenó a 20 y 5 años de prisión a una pareja de esposos, ambos abogados, hallados culpables de cometer homicidio y violencia de género agravada en perjuicio de una mujer.
La sentencia fue emitida por los jueces Nelson Antonio Langumas, Pedro Julio Cornelio Esquea y Elizabeth López García, de la jurisdicción de Bonao, Monseñor Nouel, quienes fueron asignados a ese tribunal, a raíz de la inhibición de los jueces de esta provincia por vínculos de amistad con los procesados.
El tribunal dispuso que Fior D´Aliza Peña Marte, cumpla 20 años de prisión en el Centro de Corrección y Rehabilitación (CCR) Rafey Mujeres, en Santiago, por el homicidio de Anyelina Goris de Suriel, a quien impactó con su vehículo y le pasó dos veces por encima, provocando la muerte.
Mientras que condenó a Leocadio Castillo Valdez, a 5 años de prisión para cumplirlo en el CCR El Pinito, de La Vega, por violencia de género agravada, cometida contra la hoy occisa.
El tribunal tomó la decisión, tras acoger el dictamen del ministerio público, representado por la fiscal litigante Yurisan Ceballos, quien expuso cómo ocurrieron los hechos y aportó las pruebas que sustentaron la acusación que motivó la sentencia condenatoria.
El expediente señala sobre los hechos, que Castillo Valdez estaba casado con Peña Marte y mantuvo de manera concomitante una relación amorosa por más de 12 años con la hoy occisa, lo que generó grandes conflictos familiares.
Establece que el procesado ejercía violencia contra la víctima, a quien en uno de esos hechos amenazó de muerte y posteriormente la golpeó en diferentes partes del cuerpo, mientras le jalaba el pelo, además de que le rompió su teléfono celular.
Goris de Suriel también era asediada y recibía amenazas de parte de Peña Marte, ya que la misma se presentó en varias ocasiones al lugar de trabajo de la víctima y merodeaba los lugares que ésta frecuentaba, de acuerdo con el expediente.
El Ministerio Público precisa que el hecho ocurrió en fecha 8 de noviembre del año 2021, alrededor de las 10:30 de la mañana, mientras Castillo Valdez conversaba con Goris de Suriel en un lugar baldío del residencial Don Pedro.
Indica que al lugar se presentó la condenada Peña Marte conduciendo a alta velocidad el vehículo de su propiedad, marca Honda, modelo Fit, color blanco, del año 2014, dirigiéndose a donde se encontraba la víctima, quien, al percatarse de las intenciones de la hoy condenada, emprendió la huida a bordo de la motocicleta en la que se transportaba.
Relata que Peña Marte persiguió a Goris de Suriel, logrando alcanzarla e impactar por la parte trasera de la motocicleta.
La víctima resultó con trauma contuso múltiple severo del tipo vehicular, el cual le produjo contusión en la cabeza y hemorragia de epicráneo, hemorragia de masa encefálica, de pulmones y de hígado, y fractura de huesos, entre otras lesiones.
Indica que el hecho se produjo en virtud de que Peña Marte entendió que no lograría reestructurar su matrimonio y su familia, lo cual generó la situación que desencadenó en el crimen de la mujer.
El órgano acusador destacó que debajo del vehículo de Peña Marte, durante una inspección, fueron recolectadas muestras de sangre, las cuales al ser analizadas por el Instituto Nacional de Ciencias Forenses (Inacif) y comparadas con el ADN de la víctima, coincidió en un 99.9%.
Aunque Castillo Valdez intentó encubrir la muerte de la mujer, haciendo creer que se trataba de un accidente de tránsito, la Fiscalía de La Vega, encabezada por su titular, Aura Luz García Martínez, en el transcurso de la investigación obtuvo elementos probatorios suficientes, incluyendo varios vídeos que fueron aportados al proceso, con los cuales se logró esclarecer el caso y la imposición de las condenas.

El juez Rigoberto Sena, reconoce la fortaleza de la investigación del Ministerio Público, e impone, además, arresto domiciliario, impedimento de salida y garantías económicas para otros tres imputados.

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El abogado Jorge López Hilario aclaró que el imputado se ha presentado voluntariamente y que su intención es continuar colaborando con la investigación para demostrar su compromiso con el proceso.

El imputado Ángel Miguel Figuereo Santana, fue arrestado por su participación en la red, cuyo centro de operaciones se localizaba en el municipio de Cambita Garabitos, provincia de San Cristóbal.

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La mujer fue denunciada, y la acusación sostiene llegó a expresarse de forma explícita, afirmando que quería "tener relaciones sexuales con él de manera intensa".

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