
La denuncia fue presentada ese mismo día por la madre de la joven ante el Centro de Recepción de Denuncias del Distrito Judicial de Santiago, así como ante la División de Investigaciones de Crímenes y Delitos Contra las Personas (Homicidios).
La jueza Franchesca Potentini tomó la decisión al acoger la solicitud de la defensa de la imputada Ana Linda Fernández, quien a raíz de una situación de salud no podía permanecer más tiempo en la audiencia.
25 de marzo de 2024 ventanaEl Segundo Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional suspendió el conocimiento de la solicitud de prórroga presentada por el Ministerio Público para concluir con las investigaciones de la denominada Operación Calamar, en la cual el órgano persecutor imputa a los exministros Donald Guerrero, José Ramón Peralta, Gonzalo Castillo y compartes.
La jueza Franchesca Potentini tomó la decisión al acoger la solicitud de la defensa de la imputada Ana Linda Fernández, quien a raíz de una situación de salud no podía permanecer más tiempo en la audiencia.
Durante toda la mañana, las defensas presentaron varios incidentes con el objetivo de suspender la audiencia. Entre estas acciones, se incluyó la solicitud de que la jueza Franchesca Potentini se apartara del conocimiento del caso debido a su condición de jueza de paz. Sin embargo, este incidente fue rechazado luego de que se leyera el fallo de la jueza Ana Lee Florimón, quien previamente había sido recusada del proceso de instrucción de la Operación Calamar.
Será el 8 de abril cuando el tribunal, además, conozca la solicitud de nulidad del proceso interpuesta por la defensa del exministro administrativo de la Presidencia, José Ramón Peralta.
Sobre el caso
El Ministerio Público ha manifestado la necesidad de que se extienda el plazo para la presentación de la acusación por corrupción administrativa de la Operación Calamar, con el fin de aportar además otros elementos de pruebas que ha solicitado a otros órganos del Estado y de la cooperación jurídica internacional.
En el expediente de Operación Calamar, el órgano persecutor imputa a veinte personas de sustraer más de 19 mil millones de pesos al Estado en pagos irregulares por expropiaciones de terrenos declarados de utilidad pública y en sobornos para la campaña política del 2020.
Además de Peralta y Guerrero, se vincula en la estafa al exministro de Obras Públicas, Gonzalo Castillo; el excontralor general de la República, Daniel Omar Caamaño; el exdirector del Consejo Estatal del Azúcar (CEA), Luis Miguel Piccirilo; el exdirector de Catastro Nacional, Claudio Silver Peña, y los exdirectores de Casinos y Juego de Azar, Oscar Chalas Guerrero y Julián Omar Fernández.
La denuncia fue presentada ese mismo día por la madre de la joven ante el Centro de Recepción de Denuncias del Distrito Judicial de Santiago, así como ante la División de Investigaciones de Crímenes y Delitos Contra las Personas (Homicidios).
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