Ante el pedimento del Ministerio Público de Puerto Plata, el Juzgado de la Oficina de Servicios de Atención Permanente de este distrito judicial, impuso la medida coerción en contra del pelotero Wander Franco y de la madre de una adolescente, a quienes se les imputa la responsabilidad por la explotación sexual comercial de la menor de edad y por lavado de activos.
El juez Romaldi Marcelino Henríquez impuso a Franco, como medida de coerción, el pago de 2 millones de pesos en efectivo y presentación periódica y a la madre de la menor, de quien se omite el nombre para cuidar los derechos de la adolescente, le fue impuesto el arresto domiciliario e impedimento de salida del país.
El Ministerio Público, que en audiencia estuvo representado por los fiscales Ana Mariela Hernández y Marcos Wilkin’s Díaz, imputa de manera provisional a Franco por la violación a las disposiciones contenidas en los artículos 396 Literal C, 25, 409 y 410, el Principio V, de la Ley 136-03, del Código para el Sistema de Protección de los derechos Fundamentales de Niños, Niñas y adolescentes, así como los artículos 265 y 266 del Código Penal Dominicano.
En cuanto a la madre de la menor, órgano persecutor la imputa por la violación a los artículos 25, 409 y 410 y V de la Ley 136-03, sobre el Código para el Sistema de Protección de los Derechos Fundamentales de los Niños, Niñas y Adolescentes, además de artículos 265 y 266 del Código Penal Dominicano, y de la Ley 155-17, sobre Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo.
La investigación, que aún está en curso, la encabeza la Fiscalía de Puerto Plata, representada por su titular Kelmi Duncan; con el apoyo de directora nacional de Niños, Niñas, Adolescentes y Familia del Ministerio Público, Olga Diná Llaverías,; Luisa Marmolejos, coordinadora de la Unidad de Violencia de Género Intrafamiliar y Delitos Sexuales; Ramona Nova Cabrera, titular de la Procuraduría Especializada Antilavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo, así como también los miembros del órgano persecutor Michael Núñez, Dilsia Taveras, Luis Martínez y Claudio Alberto Cordero Jiménez.
Estas acciones se llevaron a cabo con la colaboración de la Procuraduría Especializada Contra el Tráfico Ilícito de Migrantes y Trata de Personas, la División Especial de Investigaciones de Delitos Transnacionales (DEIDET) y el Departamento de Inteligencia de la Policía Nacional, la Policía Nacional, a través del DINTEL.
