
La institución explicó que estas acciones se realizan en coordinación con la Dirección General de Seguridad de Tránsito y Transporte Terrestre (DIGESETT) y forman parte de un protocolo técnico de seguridad aplicado en obras de montaña.
Los imputados son parte de una red que borró y alteró los registros de antecedentes penales a más de 16,000 personas
07 de diciembre de 2023
El Séptimo Juzgado de Instrucción del Distrito Nacional acogió el pedimento del Ministerio Público y ratificó la prisión preventiva, como medida de coerción, impuesta a Mártires Rosario Reyes y Luis Alfredo Astacio, imputados en la red que borró y alteró los registros de antecedentes penales a más de 16,000 personas, desmantelada en la Operación Gavilán.
El juez Deiby Timoteo Peguero basó su decisión en la gravedad de los hechos imputados, la persistencia de fuga y en que los presupuestos presentados por las barras de la defensa no fueron suficientes para la variación de medida.
Los fiscales que representaron al Ministerio Público en esta audiencia, Andrés Mena y Eduardo Velásquez, destacaron que el juez Deiby Timoteo Peguero argumentó que estos dos imputados tienen participación y vinculación de primer orden con los hechos.
Ambos encartados en la Operación Gavilán cumplen medida de coerción consistente en 18 meses de prisión preventiva, la cual fue impuesta a principios del pasado mes de agosto por la Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente del Distrito Nacional.
Con la Operación Gavilán, el órgano acusador desmanteló una red criminal, que borró y alteró, a cambio del pago de sobornos, registros de antecedentes penales a 16,958 personas.
En su expediente acusatorio el Ministerio Público establece, que, a través de las ejecuciones realizada por esta red criminal, han sido beneficiados sicarios, narcotraficantes, violadores sexuales, imputados de violencia de género y por adulteración de bebidas alcohólicas, así como por secuestro, llegando a eliminar los registros de antecedentes a personas recluidas, cumpliendo condenas de hasta de 30 años de prisión.
El magistrado juez fijó la próxima audiencia de revisión obligatoria a la medida de coerción para el día 06 de marzo del año 2024.

La institución explicó que estas acciones se realizan en coordinación con la Dirección General de Seguridad de Tránsito y Transporte Terrestre (DIGESETT) y forman parte de un protocolo técnico de seguridad aplicado en obras de montaña.

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