
Procuraduría entrega más de RD$391 millones a instituciones que luchan producto de los decomisados en casos de lavado de activos

La Procuraduría General de la República (PGR) entregó a distintas instituciones gubernamentales y Organizaciones Sin Fines de Lucro (ONGs) que luchan contra las drogas un monto de más de RD$391 millones de pesos, que fueron decomisados mediante sentencias definitivas e irrevocablemente juzgadas en casos de condenados por narcotráfico y lavado de activos en diferentes jurisdicciones del país.
La procuradora general de la República, Miriam Germán Brito, dijo que los fondos corresponden a decomisos definitivos como consecuencia de la ejecución de diversas sentencias penales que ya han adquirido el carácter de lo irrevocablemente juzgado y que ascienden a la suma de RD$391,156,067.85, en aplicación del artículo 33, aún vigente, de la Ley 72-02 sobre Lavado de Activos, modificado por la Ley 196-11.
Destacó que la actividad del día de hoy estuvo precedida de una incansable labor de seguimiento por la Dirección de Custodia y Administración de Bienes Incautados del Ministerio Público ante las instancias judiciales correspondientes y con el apoyo de las fiscalías a los fines de concluir los procesos judiciales que ordenan los decomisos definitivos.
“Quiero aprovechar la ocasión para reiterar el llamado para que el proceso de cambio legislativo que se pretende realizar, referente a los bienes incautados y decomisados, se lleve a cabo dentro de las previsiones constitucionales vigentes y al proceso penal que rige nuestro país. El Ministerio Público ha hecho las correspondientes observaciones a la propuesta legislativa en curso”, expresó.
La procuradora general, concluyó, manifestando: “con los fondos a distribuir en el día de hoy tenemos el compromiso de hacer un uso transparente, eficiente y responsable de los mismos, destinándolos al uso que la ley señala en beneficio de la ciudadanía, y, sobre todo, de aquellos que se ven afectados directamente por las consecuencias de los crímenes que los originan, especialmente, el narcotráfico”.
Adelantó, también, que en lo adelante darán inicio al proceso de la venta de más de 90 inmuebles decomisados definitivamente.
En el acto, que se llevó a cabo en el salón de actos del Instituto de Educación Superior Escuela Nacional del Ministerio Público, estuvieron presentes José Manuel Vicente, ministro de Hacienda y presidente del Comité Nacional contra el Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo; Alejandro Fernández, superintendente de Bancos; Jaime Marte Martínez, presidente del Consejo Nacional de Drogas (CND); vicealmirante José Cabrera Ulloa, presidente de la Dirección Nacional de Control de Drogas (DNCD; mayor general Eduardo Alberto Then, director general de la Policía Nacional; Aileen Guzmán Coste, directora de la Unidad de Análisis Financiero; Yeni Berenice Reynoso, procuradora adjunta y directora general de Persecución del Ministerio Público. Instituciones que recibieron montos de acuerdo a la ley.
A través de un comunicado de prensa se informó que en total se distribuyeron RD$391,156,067.85, de los cuales, como establece la ley, fue entregado un 25% al Ministerio Público, al Consejo Nacional de Drogas (CND) y a la Dirección Nacional de Control de Drogas (DNCD), recibiendo cada una un monto de RD$97,789,016.96.
El 15%, equivalente a la suma de RD$58,673,410.18, fue entregado a las Organizaciones Sin Fines de Lucro (ONGs) que trabajan en labores de prevención del consumo de drogas como son: Hogar Crea Internacional, Comunidad Hermanos Unidos en Cristo, Hogar Crea Dominicano Inc., Asociación Guarabird Inc, Fundación Desafío Juvenil Internacional, El Mesón de Dios Ministerio de Rehabilitación de Adictos, Ministerio en Cristo Se Puede Filipenses 4:13, Fundación Centro de Solidaridad Santo Domingo Proyecto Hombre, Fundación Volver Voluntarios Verdaderos y Asociación Casa Abierta.
También, recibieron fondos del quince por ciento las ONGs: Centro de Restauración Gavaón, Casa del Alfarero, Nuevo Renacer Inc., Ministerio Evangelístico Carcelario Rescatando Adictos para Cristo Inc., Misión Yeshua-Trayer Temple Church Fundación, Ministerio Evangelístico Juan 3:16, Fundación Casa de la Restauración Dios es Fiel, Fundación Ciudades de Refugio, Ministerio Evangelístico Rescatado del Lodo, Fundación Fenix Volver a Vivir y Asociación contra las Adicciones (ASCAYD).
En tanto que un diez por ciento (10%) fue entregado a la Policía Nacional, que representa la suma de RD$ de RD$39,115,606.78.
Para la distribución de los montos, previamente, la Dirección de Custodia de Administración de Bienes Incautados, con miras a las ejecuciones de sentencias, realizó un inventario de los procesos penales a nivel Nacional, identificando los que obtuvieron sentencias definitivas conforme a lo versado en la Constitución dominicana, en el artículo 51, numeral 5.
El monto se distribuyó conforme a lo establecido en la Ley No. 196-11, que modifica el Artículo 33, de la Ley No. 72-02, del 7 de junio de 2002, sobre Lavado de Activos Provenientes del Tráfico Ilícito de Drogas y Sustancias Controladas y otras Infracciones Graves, que tiene un permiso legal de ejecución, versado en el capítulo XI, numeral primero, de la Ley 155-17, Contra el Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo, que contempla el porcentaje que corresponde a cada institución y a las Organizaciones Sin Fines de Lucro (ONGs).
La distribución y categorización de las ONGs se hace atendiendo a una propuesta del Consejo Nacional de Drogas (CND), a través de un proceso de registro, evaluación y supervisión que dicho órgano posee y, posteriormente, le remite el listado depurado de las que cumplen fielmente esta función a la Procuraduría General de la República (PGR).
Las autoridades destacaron que la acción es el resultado de la colaboración efectiva interinstitucional para la persecución activa de los delitos penales que llevó a la desarticulación de grandes redes criminales, a las que se les han ocupado grandes sumas de dinero que se destinarán a reforzar la persecución y prevención del lavado de activos proveniente del narcotráfico y crímenes relacionados, que impactan la seguridad jurídica y social del país.



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