Dicen acusados de operaciones Coral y Coral 5G siguen sin aportar elementos que puedan refutar pruebas

El fiscal litigante Jonathan Elías Pérez Furcal afirmó la noche de este viernes que las defensas de los acusados de las operaciones Coral y Coral 5G  siguen sin aportar elementos que puedan refutar las pruebas aportadas por el Ministerio Público en la audiencia preliminar que se ventila en el Sexto Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional.

“En el día de hoy, en el transcurso del día completo, estuvo deponiendo la defensa de Kelman Santana y de la Hacienda Kelman, ambos acusados por el Ministerio Público de pertenecer a la estructura de lavado de Adán Cáceres, siendo éste un asistente directo del mismo”, dijo el fiscal de la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca).

Agregó “se pasaron el tiempo argumentando, tratando de tergiversar la acusación, cuestión en que la defensa se pierde, entendiendo que el juzgador no la va a leer, y lo que ha dicho, simplemente, es argumento”, al tiempo de reiterar que no han traído ningún elemento que pueda refutar ningunas de las pruebas que el Ministerio Público presentó en contra de ese acusado.

Respecto a las diapositivas que presentó la defensa en la audiencia, dijo que son repetitivas.

“Ustedes lo pudieron ver, sí estuvieron ahí adentro, que simplemente se la pasaron dando vueltas, sin aterrizar en ningún momento”, dijo el fiscal a periodistas que lo abordaron a la salida de la sala de audiencias.

Sobre la participación de Kelman Santana en el entramado, dijo que es uno de la mano derecha de Adán Cáceres (principal acusado de la Operación Coral).

“Era asistente de él, compañero desde Hato Mayor, vienen juntos, desde jóvenes, y es una persona de extrema confianza de él, le administraba la Asociación Campesina en el tema de las ventas, de mezclar el dinero de corrupción con el dinero de operaciones del comercio, esa era la participación principal de Kelman Santana”, insistió.

Pérez Furcal representó al Ministerio Público en la audiencia junto al procurador adjunto Wilson Camacho, titular de la Pepca; la procuradora de corte Mirna Ortiz, coordinadora de Litigación de esa dependencia, y los fiscales Arolin Lemos y Marinel Brea.

El Sexto Juzgado de Instrucción del Distrito Nacional continuó este viernes la audiencia preliminar contra los acusados de las operaciones Coral y Coral5G, luego de que la Tercera Sala Penal de la Corte de Apelación del Distrito Nacional rechazara la recusación interpuesta por la defensa del mayor general Adán Cáceres Silvestre el pasado 14 de abril.

La jueza Yanibet Rivas Méndez deberá decidir en el proceso si envía o no a juicio a los procesados. 

La audiencia fue aplazada para el próximo viernes, a partir de las 9:00 de la mañana.

Debido a la cantidad de personas que forman parte del proceso judicial, la audiencia se conoce en la sala del Primer Tribunal Colegiado del Distrito Nacional, en el Palacio de Justicia de Ciudad Nueva.

En el proceso el órgano acusador solicitó apertura a juicio en contra del mayor general Adán Cáceres Silvestre, del general Juan Carlos Torres Robiou y los demás acusados de integrar la red de corrupción administrativa desmantelada con las operaciones Coral y Coral 5G.

Entre los acusados de la Operación Coral además de Cáceres Silvestre también figuran Rossy Guzmán Sánchez (La Pastora), el cabo policial Tanner Antonio Flete Guzmán (hijo de la religiosa), el coronel policial Rafael Núñez de Aza y el sargento de la Armada Alejandro José Montero Cruz.

En tanto que por la Operación Coral 5G, derivada de Coral, son procesados además del general Torres Robiou (FARD), Boanerges Reyes Batista (ARD) y Julio Camilo de los Santos Viola (FARD), así como el capitán de navío (ARD) Franklin Mata Flores y José Manuel Rosario Pirón.

El proceso también se sigue contra Carlos Lantigua, Alfredo Pichardo, Erasmo Roger Pérez, Jehohanan Lucía Rodríguez, Yehudy Blandesmil Guzmán y Esmeralda Ortega Polanco.

El órgano acusador presentó cargos en este proceso contra 48 personas, 30 personas físicas y 18 personas jurídicas, quienes son acusados de defraudar al Estado dominicano con más de 4,000 millones de pesos.

El entramado de corrupción operó en el Cuerpo de Seguridad Presidencial (Cusep), el Cuerpo Especializado de Seguridad Turística (Cestur) y el Consejo Nacional para la Niñez y la Adolescencia (Conani).