Un juez de Miami, Florida (EE.UU.), sentenció a 70 meses de prisión a Arturo Murillo, exministro de Gobierno de la administración de facto de Jeanine Áñez en Bolivia (noviembre 2019-noviembre 2020).

El Departamento de Justicia de EE.UU. emitió un comunicado de prensa este miércoles en el que informó que Murillo fue condenado a 70 meses (cinco años y diez meses) de cárcel por "conspiración para lavar sobornos que recibió a cambio de ayudar de manera corrupta a una empresa estadounidense a obtener un contrato lucrativo del Gobierno boliviano".

La condena fue dictada por el juez federal Paul C. Huck, de la Corte del Distrito Sur de Florida.

Bolivia exige devolución
"Esta sentencia pone fin al proceso penal que se ha seguido en los EE.UU. por los delitos mencionados y debe cumplir dicha pena en la prisión federal de ese estado", apuntó el procurador general de Bolivia, Wilfredo Chávez Serrano, en un mensaje a medios. 

El Gobierno boliviano formalizará la exigencia de devolución de 532.000 dólares como "víctima dentro de ese proceso penal", según detalló el titular de la Procuraduría General de Bolivia.  

Chávez Serrano indicó que la sentencia en EE.UU. es inapelable. No obstante, Bolivia ya inició el proceso de extradición a través de la Cancillería.

"Esto nos habilita a que avance nuestro proceso de extradición, que se ha iniciado en Bolivia (...) No se descarta que al concluir su pena, el señor Arturo Murillo sea deportado, vamos a pedir su estatus migratorio para saber qué situación jurídica va a tener", añadió. 

Caso de sobornos
Murillo fue procesado en EE.UU. por sobornos y lavado de activos, cargos por los que se declaró culpable en octubre pasado. 

El exministro de facto y su exjefe de gabinete, Sergio Méndez, fueron arrestados junto con tres ciudadanos estadounidenses —Luis Berkman, Bryan Berkman y Philip Lichtenfeld, de 48— en mayo de 2021 en Florida y Georgia.

Estos hombres son acusados de participar en un esquema de sobornos entre noviembre de 2019 y abril de 2020. En ese lapso, según informó en su momento el Departamento de Justicia de EE.UU., los estadounidenses pagaron 602.000 dólares en sobornos a funcionarios del Gobierno de facto de Bolivia en beneficio de Murillo, Méndez y otro funcionario boliviano.

Los sobornos se pagaron para que la empresa de Bryan Berkman, con sede en Florida, obtuviera y mantuviera negocios con el Ministerio de Defensa de Bolivia, específicamente un contrato de aproximadamente 5,6 millones de dólares para proporcionar gases lacrimógenos y otros equipos no letales.

Además, según la acusación, los implicados luego utilizaron el sistema financiero estadounidense para lavar esos sobornos.

En Bolivia también se lleva a delante una investigación por este caso de la adquisición de los gases lacrimógenos y otros equipos no letales. En ese país se determinó que Murillo, junto a otros exfuncionarios, estafó al Estado 2,3 millones de dólares con esa compra.

De esos 2,3 millones de dólares, "532.000 han ido a parar a las manos de Arturo Murillo como jefe o líder de esa banda organizada que se ha dedicado a cometer estos delitos transnacionales, en este caso detectados en EE.UU.", expresó Chávez Serrano.