EFE
Madrid
El Gobierno español anunció este sábado un nuevo impuesto a las empresas energéticas, similiar a otros países europeos, dentro una serie de medidas de refuerzo a las que ya aplica para paliar la escalada inflacionista agravada por la guerra en Ucrania.
El presidente del Gobierno español, el socialista Pedro Sánchez, anunció estas nuevas medidas tras una reunión extraordinaria del Ejecutivo de coalición que comparte con la formación de izquierda Unidas Podemos.
Sánchez explicó en rueda de prensa en Madrid que se prorrogan hasta final de año medidas en vigor desde el pasado 1 de abril, como una subvención estatal de veinte céntimos de euro por litros de gasolina y gasóleo, a las que se suman otras nuevas que incluyen ayudas sociales con las que afrontar el encarecimiento de la cesta de la compra.
El coste al Estado español de estas nuevas medidas supondrá unos 9.100 millones de euros, con lo que unido a las ya en vigor serán en total unos 15.000 millones al término de 2022, según datos del Ejecutivo.
Sin embargo, el nuevo impuesto a las energéticas no se aplicará hasta 2023, pues gravará los beneficios extraordinarios de estas empresas durante 2022 como consecuencia del alza de los precios de la energía.
"Es una medida que sintoniza con la opinión publica de nuestro país, con medidas similares de los países europeos de nuestro entorno", como Italia o el Reino Unido, "y que atiende a las recomendaciones de distintos organismos internacionales cono la propia Comisión Europea, la OCDE y el FMI", dijo Sánchez, que no concretó cómo será ese nuevo gravamen.
Las ayudas que sí serán de próxima apliación incluyen una 200 euros para trabajadores por cuenta ajena, autónomos y desempleados con ingresos inferiores a 14.000 euros anuales, la congelación del precio de la bombona de butano y la rebaja del 50 % de los abonos de transportes de titularidad estatal como el tren.
A ello se suma la rebaja ya anunciada esta semana del IVA de la factura de la luz del 10 al 5 % y la subida del 15 % de las pensiones de jubilación y de invalidez no contributivas, que supondrá 60 euros al mes y 360 a final de año.
Sánchez destacó que el coste para el Estado supone más de un punto de PIB pero servirá para contener en 3,5 puntos la inflación española, del 8,7 % en mayo después de que en marzo rozada el 10 %, la tasa más alta en España desde 1985.
El objetivo, indicó, es proteger a las familias, a la clase media trabajadora y amortiguar el impacto de la inflación en sectores estratégicos de la economía, al tiempo que se reparten de una manera más justa y equitativa los costes económicos y sociales de la guerra.
