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  - "Ministerio Público. Sobornos . Seguridad privada"
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category_description: "Sigue los casos judiciales más relevantes de República Dominicana: sentencias, condenas, capturas y actuaciones del Ministerio Público, con detalles de expedientes y fuentes oficiales."
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# Ministerio Público pide rechazar recusación contra juez en caso de sobornos por más de RD$108 millones

![Deiby Timoteo Peguero.](/download/multimedia.normal.9488b00afcc69e88.bm9ybWFsLndlYnA%3D.webp)

El Ministerio Público afirmó que no existen razones jurídicas para retrasar el proceso judicial contra los acusados de integrar una red criminal que habría distribuido sobornos por más de RD$108 millones para obtener y mantener contratos de servicios de seguridad privada en diferentes instituciones públicas.

El fiscal litigante Ernesto Guzmán Alberto sostuvo que no hay motivos válidos para suspender o retrotraer un proceso que se encuentra en etapa judicial, al referirse a la recusación presentada por el imputado Elías Caamaño Pérez contra el juez del Séptimo Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional, Deiby Timoteo Peguero.

“Esperamos que la recusación sea rechazada por la Corte de Apelación y que se ordene la continuación del presente proceso”, expresó Guzmán Alberto a periodistas que lo abordaron a la salida de la audiencia.

Caamaño Pérez, quien se desempeñó como coordinador de Seguridad Patrimonial de la Dirección Ejecutiva del Seguro Nacional de Salud (SeNaSa), recusó al magistrado luego de que este dispusiera, en octubre pasado, su separación del expediente matriz presentado por el órgano acusador contra la presunta estructura de sobornos.

El representante del Ministerio Público insistió en que la recusación carece de fundamentos jurídicos que justifiquen paralizar el conocimiento del proceso.

**Acusación por sobornos en instituciones públicas**

En julio pasado, el Ministerio Público presentó acusación formal y solicitó apertura a juicio contra 14 personas físicas y jurídicas señaladas de integrar la estructura que, según las investigaciones, habría pagado sobornos para favorecer a una empresa contratista de servicios de seguridad privada.

Entre los acusados figuran Quilvio Rodríguez González, representante de la empresa Servicio Nacional de Seguridad Integral, S.R.L. (Senase); Bolívar Nicolás Fernández Espinal, exencargado de Seguridad de Edenorte Dominicana; Carlos Ambrosio Robles Díaz, exdirector de Seguridad de Edesur, y Francisco Guarín Fernández Vásquez, exdirector de Seguridad del Instituto Nacional de Atención Integral a la Primera Infancia (Inaipi).

También están acusados Ramón Quezada Ortiz, miembro del Departamento de Seguridad de Edeeste; Andrés Pacheco Varela, exencargado de Seguridad de Edenorte; Wellington Peralta Santos, exasistente del encargado de Seguridad del Inaipi; Luis Ernesto Vicioso Bocio, exdirector de Seguridad de Edeeste, y Yorbyn Eduardo Eufracio Aybar.

El expediente incluye, además, a las empresas Servicios Senase y El Niño Prodigio, EIRL, vinculadas a Quilvio Bienvenido Rodríguez, así como Magestym Waste & Recycling Company, S.A., y Magesty Recycling, S.R.L., relacionadas con Bolívar Nicolás Fernández Espinal y Miguelina Antonia Rosario Sánchez.

De acuerdo con la acusación, los sobornos identificados ascienden a RD$108,080,359.92, suma que habría sido exigida y recibida por encargados de seguridad de distintas entidades estatales y otros funcionarios implicados.

La investigación fue iniciada por la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca), con el apoyo de la Dirección General de Persecución del Ministerio Público, a partir de una denuncia remitida por la Dirección General de Ética e Integridad Gubernamental.

Las pesquisas establecieron, según el órgano acusador, que la empresa Senase habría pagado sobornos durante los períodos 2012-2020 y 2020-2025 a funcionarios de distintas instituciones públicas para garantizar la permanencia de los contratos que le habían sido adjudicados.

Los pagos presuntamente se realizaron mediante transferencias bancarias y entregas de dinero en efectivo, como parte de un esquema dirigido a manipular contrataciones estatales y favorecer a la empresa en la prestación de servicios de vigilancia y seguridad privada.

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