Randy Croussete paga 200 mil pesos de alquiler en un negocio en la avenida Venezuela que está cerrado desde agosto y asegura que aún así, la factura de la electricidad más baja que ha recibido fue de 31 mil pesos, en noviembre del año pasado. Su situación no es exclusiva y explica que sus hermanos, también empresarios, tuvieron que desmantelar sus establecimientos porque no resistieron los meses de cierre causados por la emergencia del COVID-19.
Croussett es uno de varios dueños de bares y restaurantes que se reunió esta mañana en la Plaza de la Bandera para pedir mayor flexibilidad del Gobierno, para que les permitan trabajar, aunque sea con la mitad de la capacidad de sus clientes. Solicitaron al presidente Luis Abinader tomarlos en cuenta en el mensaje que dirigirá este lunes a la nación.
Aseguraron que su Asociación de Bares y Restaurantes agrupa a cerca de 5,000 comercios y 168 mil empleados, que se quedarán sin trabajo si las medidas de contención no se flexibilizan.
Los propietarios de bares encuentran desigual el trato de las autoridades con ellos, respecto a las facilidades que tienen cadenas hoteleras y muchos otros tipos de negocios de gran capital.
Lamentan las restricciones más estrictas los fines de semana, días en que suelen tener sus mayores entradas de clientes para cubrir sus gastos.
