Imponen tres meses de prisión preventiva a hombre acusado de amenazar de muerte a su madre

El juez Emmanuel López dispuso que el imputado, Adrián Manuel Vargas, cumpla la medida de coerción en el Centro de Corrección y Rehabilitación (CCR-XVII) de Najayo, en la provincia San Cristóbal. 
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La Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente del Distrito Nacional impuso tres meses de prisión preventiva contra un hombre acusado por el Ministerio Público de agredir verbalmente y amenazar de muerte a su madre, en un hecho ocurrido en un establecimiento comercial del sector Villa Francisca.

El juez Emmanuel López dispuso que el imputado, Adrián Manuel Vargas, cumpla la medida de coerción en el Centro de Corrección y Rehabilitación (CCR-XVII) de Najayo, en la provincia San Cristóbal. Asimismo, fijó para el 17 de febrero de 2027 la revisión obligatoria de la medida.

De acuerdo con la investigación del Ministerio Público, el hecho ocurrió el 26 de junio de 2026, alrededor de las 3:00 de la tarde, en un establecimiento comercial ubicado en la avenida Duarte esquina París.

El expediente establece que, mientras la mujer se encontraba en su lugar de trabajo, su hijo comenzó a insultarla con palabras obscenas y posteriormente la amenazó de muerte, luego de que ella se negara a entregarle dinero para adquirir sustancias controladas.

La agresión quedó captada en un vídeo que forma parte de las evidencias recopiladas durante la investigación.

Como consecuencia de los hechos denunciados, la víctima presenta síntomas asociados a un cuadro ansioso-depresivo, según los resultados de una evaluación psicológica practicada como parte del proceso.

El imputado fue arrestado el 15 de noviembre de 2026, mediante una orden judicial emitida en su contra.

Según las declaraciones de la víctima, no se trataba de la primera ocasión en que sufría episodios de violencia por parte de su hijo. Indicó que en enero de este año la habría agredido físicamente con un tubo y que, en febrero, presuntamente golpeó con un palo a su abuela materna.

Ambos incidentes, según los registros del Ministerio Público, no fueron denunciados ante las autoridades.

El órgano acusador otorgó a los hechos una calificación jurídica provisional de violación al artículo 309-2 del Código Penal dominicano, que sanciona la violencia doméstica o intrafamiliar.