Imponen tres meses de prisión preventiva a dos acusados de integrar red de explotación sexual de menores en Santiago
Un juez de la Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente de Santiago impuso tres meses de prisión preventiva a un hombre y una mujer investigados por su presunta vinculación con una red criminal dedicada al reclutamiento de menores de edad para explotarlos sexualmente.
Los imputados son Andrés Acosta Vargas, abogado de oficio residente en Santiago, y Franyely Franchesca Peralta Guzmán, oriunda del municipio de Esperanza, provincia Valverde, quienes deberán cumplir la medida de coerción en los centros de corrección y rehabilitación Rafey Hombres y Rafey Mujeres, respectivamente.
De acuerdo con las investigaciones del Departamento de Trata y Tráfico de Personas de la Fiscalía de Santiago, los sospechosos captaban adolescentes de entre 13 y 17 años, a quienes ofrecían dinero en efectivo y regalos para que sostuvieran relaciones sexuales con otros menores de edad, encuentros que presuntamente eran grabados por el hombre.
La investigación, dirigida por el fiscal Juan Osvaldo García, establece que los imputados contactaban a personas menores de edad en condiciones de vulnerabilidad y les ofrecían distintas cantidades de dinero para involucrarlas en estas actividades.
En uno de los casos, Acosta Vargas habría contactado a una de las víctimas mediante una aplicación de citas y le ofreció dinero a cambio de mantener relaciones sexuales. Ante su negativa, le propuso presentarle a otra de las adolescentes involucradas en la investigación.
El expediente también establece que una de las menores fue trasladada bajo engaño desde la provincia Valverde hasta Santiago.
Durante la audiencia, la fiscal litigante Heidys de León informó que el Ministerio Público ha identificado al menos tres víctimas de la presunta estructura criminal, incluida una adolescente de 17 años que se encuentra en estado de gestación.
Autorizan anticipo de pruebas y análisis de celulares
El juez Dayham Rodríguez también autorizó la realización de un anticipo de pruebas a las víctimas menores de edad y a otro adolescente que figura como testigo, con el propósito de preservar sus declaraciones y evitar que sean expuestos a procesos reiterados que puedan provocar su revictimización.
Asimismo, dispuso el levantamiento de evidencias forenses y la extracción de información de los teléfonos celulares presentados por el Ministerio Público como elementos de interés para el esclarecimiento de los hechos.
Entre las evidencias ocupadas durante un allanamiento a la residencia de Acosta Vargas figuran preservativos nuevos y usados, somníferos, otros medicamentos, cámaras de videograbación, cables transmisores USB, dinero en efectivo y estimulantes sexuales.
Los objetos fueron recolectados durante la requisa realizada por la procuradora fiscal Cristina Ramírez y posteriormente incorporados a la oferta probatoria presentada ante el tribunal.
Calificación jurídica
El Ministerio Público atribuye provisionalmente a los investigados la violación de los artículos 1 y 3 de la Ley 137-03, modificada por la Ley 46-25, sobre Tráfico Ilícito de Migrantes y Trata de Personas; el artículo 396, letras B y C, de la Ley 136-03, que instituye el Código para la Protección y los Derechos Fundamentales de Niños, Niñas y Adolescentes, así como disposiciones de la Ley 53-07 sobre Crímenes y Delitos de Alta Tecnología.
Las imputaciones están relacionadas con presuntos delitos de trata de personas con fines de explotación sexual, abuso psicológico y sexual contra menores de edad, y delitos de alta tecnología.
La investigación continúa bajo la dirección del Ministerio Público.