Doris Pujols Ortiz
La aspirante a jueza de la Suprema Corte de Justicia, Doris Pujols Ortiz, manifestó su desacuerdo con la existencia de la jurisdicción privilegiada y planteó que las personas, independientemente de la función pública que desempeñen, deberían ser sometidas al mismo procedimiento judicial.
Durante su evaluación ante el Consejo Nacional de la Magistratura (CNM), Pujols Ortiz también valoró los avances alcanzados por el Poder Judicial en la reducción de la mora y propuso mantener las estrategias de seguimiento y acompañamiento a los tribunales para preservar los niveles de eficiencia alcanzados.
“Si les soy sincera, nunca he estado de acuerdo con la jurisdicción privilegiada”, afirmó la magistrada que preside la Tercera Sala Penal de la Corte de Apelación del Distrito Nacional al ser consultada sobre el tema.
Consideró que sería preferible que cualquier persona sometida a la justicia transite por las vías ordinarias, sin importar que ocupe una función pública que le otorgue jurisdicción privilegiada.
“Pienso que sería preferible que el sometimiento de una persona, cualquiera que sea, corra el tránsito que correría cualquier persona, independientemente de que tenga el privilegio de ostentar una función determinada”, expresó.
Propone mantener estrategia contra la mora
Al responder una pregunta del presidente del Tribunal Constitucional, Napoleón Estévez Lavandier, sobre las medidas que implementaría para enfrentar la mora judicial en caso de ser escogida para integrar la Suprema Corte de Justicia, Pujols Ortiz elogió el trabajo realizado por la actual gestión, encabezada por el magistrado Luis Henry Molina.
Dijo que una de sus prioridades sería dar seguimiento a los tribunales que han alcanzado la condición de “cero mora”, con el propósito de identificar las prácticas que han permitido esos resultados y procurar que puedan ser aplicadas en otros órganos jurisdiccionales.
“Comparto plenamente el criterio de cómo se ha enfrentado la mora y cómo el magistrado presidente Luis Henry, junto con su equipo en la Suprema, han enfrentado este tema. He de felicitarlo”, manifestó.
Explicó que también sería necesario realizar un diagnóstico de los tribunales que todavía presentan retrasos, debido a que las causas de la mora pueden ser diversas.
Entre los factores citó las limitaciones de recursos, situaciones relacionadas con el personal y la acumulación de trabajo.
Planteó que desde la Suprema Corte se debe mantener el acompañamiento y seguimiento a los tribunales, utilizando los métodos que, según afirmó, han demostrado buenos resultados.
Valora reforma al recurso de apelación penal
Pujols Ortiz calificó de “extraordinarias” las modificaciones introducidas al recurso de apelación en materia penal, al considerar que permiten recuperar la verdadera esencia de la segunda instancia y ofrecen mayores garantías a las partes.
Explicó que antes de la reforma los jueces de las cortes de apelación realizaban, en la práctica, un ejercicio que se aproximaba a la casación, debido a que el análisis se concentraba fundamentalmente en la sentencia recurrida.
“Muchos abogados llamaban a las audiencias de apelación ‘mi casación’, porque el ejercicio que llevábamos era sobre las sentencias propiamente dichas, no un ejercicio abierto como ha traído esta modificación”, sostuvo.
A su juicio, el legislador acertó al introducir una reforma que fortalece la participación de las partes y permite a las cortes de apelación realizar un análisis más amplio de los hechos y las pruebas.
Consideró especialmente relevante la eliminación del envío del proceso a un nuevo juicio cuando una corte de apelación revoca una decisión.
Explicó que esa disposición obliga al tribunal de segundo grado a dictar directamente una sentencia, para lo cual debe valorar y ponderar los hechos y las pruebas incorporadas al proceso.
“Esta modificación trajo consigo un aspecto importantísimo y es la eliminación del envío a un nuevo juicio”, manifestó.
“Ahora podemos hablar realmente de una segunda instancia de apelación”, agregó.
Extinción de dominio
Durante su comparecencia ante el CNM, la magistrada también respondió preguntas del diputado Tobías Crespo sobre su preparación en materia de extinción de dominio, su experiencia como docente de la maestría en Derecho Procesal Penal de la Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD) y los aportes que podría realizar desde la Suprema Corte.
Pujols Ortiz sostuvo que la extinción de dominio vino a llenar un espacio que durante años había necesitado el ordenamiento jurídico dominicano para enfrentar determinadas situaciones relacionadas con la recuperación de bienes.
Sin embargo, consideró que el país todavía se encuentra en una etapa inicial en la aplicación de la Ley 340-22, debido a que se trata de una legislación relativamente nueva.
“Estamos en pañales, como pudiéramos decir, porque la ley es nueva”, expresó.
Indicó que hasta el momento el país cuenta con una sentencia en materia de extinción de dominio y señaló que en el tribunal donde actualmente ejerce no han tenido la oportunidad de conocer procesos de esa naturaleza.
Precisó que buena parte de su acercamiento al tema ha estado vinculada con la formación académica, por lo que consideró necesario ampliar el conocimiento de la normativa entre abogados, jueces, fiscales y los demás actores del sistema de justicia.
“Entiendo que hay que expandir el conocimiento de esta norma, la formación de los abogados del ejercicio, la formación inclusive de nosotros mismos como actores del sistema”, sostuvo.
También destacó el trabajo de la Escuela Nacional de la Judicatura en la capacitación de los operadores del sistema y resaltó la importancia de la cooperación internacional para adquirir experiencias que contribuyan a la correcta aplicación y desarrollo de la legislación sobre extinción de dominio en República Dominicana.
