El Tribunal Constitucional (TC) declaró inadmisible, por falta de legitimación activa, la acción directa de inconstitucionalidad interpuesta por la Asociación Dominicana de Protección de Datos (ADPD) contra el artículo 56, literal a, de la Ley núm. 183-02, Monetaria y Financiera. La decisión consta en la Sentencia TC/1049/26, del 2 de octubre de 2026, correspondiente al expediente TC-01-2025-0020. Fue aprobada por el pleno el 15 de septiembre.
La entidad apoderó al tribunal el 16 de abril de 2025. Pedía que se declarara contrario a la Constitución el plazo mínimo de diez años que la Superintendencia de Bancos debe mantener el historial de deudas canceladas en el Sistema de Información de Riesgos, conocido como Central de Riesgos. Ese plazo corre desde la notificación de la deuda.
La asociación sostenía que la norma viola el derecho a la protección de datos personales y el principio de calidad (artículo 44.2), el principio de razonabilidad (40.15) y la seguridad jurídica (110). Argumentó que la Ley 172-13 fija un máximo de 48 meses para las sociedades de información crediticia. También señaló que el promedio regional en América Latina ronda los 4.6 años y que la coexistencia de ambos plazos genera inseguridad jurídica. Pidió que prevaleciera el de cuatro años.
Las posiciones de los órganos y los intervinientes
La Procuraduría General de la República y la Cámara de Diputados pidieron rechazar la acción. La Procuraduría sostuvo que las leyes 183-02, 172-13 y 155-17 persiguen fines distintos y no se excluyen entre sí, y que el plazo de diez años supera el test de razonabilidad. El Senado se limitó a informar que el trámite de aprobación de la ley, en 2002, cumplió el procedimiento constitucional entonces vigente.
Como intervinientes voluntarios participaron la Superintendencia de Bancos y las asociaciones ABA, LIDAAPI y ABANCORD, que pidieron rechazar la acción. La Superintendencia solicitó además declararla inadmisible por falta de interés legítimo de la ADPD, y el Banco Central concluyó en ese sentido durante la audiencia pública del 12 de noviembre de 2025. Los intervinientes defendieron la Central de Riesgos como un instrumento de orden público para la estabilidad financiera. Señalaron que el plazo aplica a deudas ya pagadas y que los titulares pueden consultar y rectificar sus datos.
Por qué no prosperó
Según la sentencia, la ADPD acreditó que está legalmente constituida, mediante su certificado de incorporación como asociación sin fines de lucro, pero no probó su relación con la norma atacada. El tribunal recordó que su precedente TC/0345/19 exige a las personas jurídicas demostrar un vínculo entre su objeto social y la norma, o ser titulares de un derecho subjetivo afectado.
La asociación invocó su estatuto organizacional, pero no lo depositó, según el TC. Los jueces verificaron el portal institucional de la entidad y tampoco encontraron copia pública de esos estatutos. Concluyeron que no se acreditó la relación entre su objeto social y la ley impugnada, ni la titularidad de un derecho subjetivo. Por eso declararon inadmisible la acción y no se pronunciaron sobre los argumentos de fondo.
Votación y otros aspectos
La decisión fue adoptada por la mayoría requerida. No figuran los magistrados Alba Luisa Beard Marcos, Sonia Díaz Inoa, Amaury A. Reyes Torres y María del Carmen Santana de Cabrera, quienes no participaron en la deliberación por causas previstas en la ley. El proceso se declaró libre de costas. La sentencia será comunicada a las partes y publicada en el Boletín del Tribunal Constitucional.
