FINJUS llama a equilibrar la seguridad ciudadana con el respeto al Estado de derecho

La Fundación Institucionalidad y Justicia (FINJUS) llamó a preservar un equilibrio entre la necesidad de fortalecer la seguridad ciudadana y el respeto irrestricto a la Constitución, las leyes y los derechos fundamentales, ante los desafíos que enfrenta la República Dominicana en materia de criminalidad violenta.

La entidad sostuvo que la respuesta del Estado frente al delito no puede limitarse a la acción policial, sino que debe sustentarse en una política integral que combine prevención, políticas sociales, atención a las causas estructurales de la criminalidad, investigación, persecución y sanción de los hechos ilícitos.

FINJUS consideró necesario fortalecer las instituciones del sistema de justicia y dotar al Estado de mecanismos coherentes de prevención y persecución del delito. En ese contexto, destacó el papel central de la Policía Nacional como primer órgano de intervención estatal ante hechos punibles y situaciones que comprometen el orden y la seguridad pública.

La organización respaldó la transformación y modernización de la institución policial, así como la formación técnica, profesional y ética de sus agentes. También favoreció la construcción de un modelo de servicio orientado a la profesionalización, al fortalecimiento de la relación con la ciudadanía y al desarrollo de capacidades para el uso proporcional de la fuerza.

“La firmeza debe entenderse, no como un ejercicio de ‘mano dura’ que pueda comprometer la legalidad de la intervención, sino como el ejercicio oportuno, eficiente y eficaz de las atribuciones conferidas por la ley”, señaló FINJUS.

La entidad enfatizó que la actuación policial debe estar sujeta a los principios de legalidad, necesidad, proporcionalidad y responsabilidad, especialmente en escenarios en los que los agentes deben tomar decisiones inmediatas frente a situaciones de riesgo.

Sobre el uso de la fuerza, FINJUS indicó que este debe responder a una evaluación objetiva de la amenaza existente y guardar proporción con las circunstancias concretas de cada intervención. En particular, subrayó la necesidad de diferenciar entre situaciones que representan un peligro real e inminente y aquellas en las que la amenaza ha cesado o no alcanza la intensidad necesaria para justificar determinados niveles de fuerza, especialmente la fuerza letal.

La organización advirtió que una ejecución extrajudicial, entendida como la privación de la vida de una persona en circunstancias no justificadas por una intervención policial legítima, es incompatible con el artículo 37 de la Constitución dominicana, que reconoce el derecho a la vida.

FINJUS sostuvo además que los agentes policiales necesitan respaldo legal e institucional para cumplir sus funciones y proteger tanto a la ciudadanía como su propia integridad cuando enfrentan situaciones de riesgo. Sin embargo, señaló que el ejercicio de esas facultades debe mantenerse dentro de los límites constitucionales y legales.

Según la institución, las actuaciones policiales que se apartan de los principios de necesidad y proporcionalidad pueden afectar la confianza ciudadana y la legitimidad institucional, elementos que considera esenciales para una política de seguridad sostenible.

La fundación afirmó que la ciudadanía puede valorar actuaciones firmes frente a la criminalidad cuando estas se desarrollan dentro del marco constitucional y legal, pero advirtió que la arbitrariedad puede debilitar la confianza en las instituciones responsables de garantizar la seguridad pública.

“Para FINJUS la seguridad ciudadana y proteger los derechos fundamentales no constituyen objetivos contrapuestos, sino condiciones complementarias para la consolidación de instituciones legítimas, eficaces y confiables”, expresó la entidad.

La posición fue fijada por Servio Tulio Castaños Guzmán, vicepresidente ejecutivo de FINJUS, quien reiteró que la efectividad de la actuación policial no debe medirse únicamente por sus resultados operativos, sino también por su capacidad para preservar la legitimidad institucional, fortalecer la confianza ciudadana y garantizar el respeto de las normas que regulan el ejercicio de la autoridad pública.

FINJUS concluyó que preservar ese equilibrio es indispensable para fortalecer la capacidad profesional de la Policía y garantizar que las políticas públicas de seguridad contribuyan tanto al orden público como a la protección de los derechos fundamentales.